La gente ya sabe que gestionar una ayuda para la dependencia en comunidades como Madrid, por ejemplo, le puede llevar más de un año, un plazo que en otras regiones es mucho más corto. Y los dependientes, la gran mayoría por encima de los 80 años, no quieren ni pueden esperar tanto, así que algunos han decidido empadronarse en otras regiones y formalizar allí todos los trámites. Algunos incluso aprovechan las vacaciones en la costa para que los profesionales baremen el grado de dependencia de sus ancianos.
El boca a boca funciona. El que tiene amigos o familiares en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sabe que allí las cosas van más rápido que en Valencia, y al que quiere una residencia en Murcia no se le escapa que tendrá más opciones saltando a Almería. Si las comunidades que gestionan con menos eficacia no revierten esa situación, sus ciudadanos seguirán yéndose a otras para que les concedan sus derechos. Se ha iniciado el turismode la dependencia, una suerte de exilio que huye de la ineficiencia de algunos Gobiernos.
"Primero los empadronan, en casa de unos amigos, o en un piso en la playa, y una vez que les han valorado y les han comunicado el grado y nivel de su dependencia, trasladan el expediente a la comunidad en la que viven. Eso está empezando a ocurrir", dice un trabajador social de Almería.
Pulpí es un pueblo limítrofe con Murcia de unos 9.000 habitantes con una residencia de más de un centenar de plazas y un centro de día. La alcaldesa, María Dolores Muñoz, sabe que en el geriátrico hay más de un murciano. "Como los ancianos se empadronan es más difícil detectarlo, y también hay traslados de expediente", dice, sin ápice de molestia. Simplemente defiende orgullosa los muchos servicios que tiene su pueblo.
Murcia es la comunidad que concede más prestaciones económicas, por tanto, tener acceso a una plaza de residencia allí es complicado. Los que viven cerca de Almería prueban suerte en Pulpí.
En algunos casos, los ciudadanos están pagando costosas plazas de residencia a la espera de que llegue la ayuda a la que tienen derecho y les alivie un poco estos pagos. Los empresarios de los geriátricos saben bien el esfuerzo que hacen estas familias y alguno ha decidido ayudarlas. "Los dependientes están en nuestra residencia de Castilla-La Mancha, que pagan de su bolsillo, pero como viven y están empadronados en Madrid y la ayuda que han solicitado allí tarda tanto, les empadronamos en la residencia y así pueden pedirla en esta comunidad, que va más rápido", dice el jefe de este geriátrico, que no quiere identificarse.
El problema es que al revés las cosas no funcionan igual, y eso está creando cierto malestar en algunas comunidades. Empadronarse en Madrid y pedir una ayuda es más complicado. "Allí se agarran a una normativa anterior a la Ley de Dependencia y exigen dos años de empadronamiento para optar a una residencia y uno para ayuda a domicilio. Eso es desconocer que el grado y nivel que se le otorga a un dependiente debe funcionar en cualquier sitio de España", dice Gustavo García, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Estamos hablando de derechos subjetivos, que no los había hasta ahora. Cualquier normativa autonómica anterior deja de tener sentido para las personas a las que se les reconozca su grado de dependencia, en cualquier sitio en que eso ocurra", añade García.
La madre de Ramón tiene alzhéimer y, durante algún tiempo, este madrileño estuvo considerando llevarla a Toledo a una residencia, o a Ciudad Real y empadronarla allí, como le recomendó un amigo. "Pero me pesó tener que sacar a mi madre, tan mayor, para llevarla lejos, y sin que estuviera mi padre con ella. Los geriatras me han dicho que necesita una residencia, pero nos han concedido la prestación económica. Optar a una residencia en Madrid es complicado", dice.
El turismo de la dependencia está solo iniciándose y no avanza más porque se trata todavía de personas muy mayores. "Si esto se produce con grandes dependientes, de escasa movilidad, no quiero pensar qué ocurrirá en 2011, cuando entran en el sistema los dependientes moderados. Estos pueden trasladarse con facilidad a otras regiones, y el problema puede presentar dimensiones preocupantes", avisa Gustavo García.
Algunos casos cobran tintes dramáticos. "Hemos tenido ancianos que se vuelven a su pueblo natal a empadronarse, o que nunca dejaron de estar empadronados, para que allí les concedan más rápido la ayuda. Algunos han muerto al poco tiempo. Acaban instalándose en la casita del pueblo, que apenas la usaban para vacaciones y que no tiene las condiciones básicas para que allí viva un anciano muy enfermo", dice un trabajador social de Albacete, que, como los demás, quiere mantenerse en el anonimato.
Se trata de personas que se fueron de jóvenes a la Comunidad Valenciana a trabajar, como emigrantes. Allí criaron a sus hijos y nunca dejaron de vivir allí, pero acaban volviendo a su tierra para que les den pronto la ayuda a la que tienen derecho. [La Comunidad Valenciana tampoco es un ejemplo de eficacia al gestionar estas prestaciones].
El mismo trabajador social asegura que algunos ancianos que antes rotaban de una comunidad a otra porque tenían hijos en las dos han dejado de hacerlo: "Los trámites los hacen todos en Castilla-La Mancha. Si luego van a casa de otros hijos y se reparten las ayudas económicas, eso no lo sabemos", dice.
"Este asunto nos confirma que, frente a las dificultades de las comunidades en la aplicación de la ley, algunas ponen todos los medios y otras, sencillamente, demuestran falta de voluntad. Y no solo perjudican a los ciudadanos, sino que empiezan a crear un problema a otras comunidades, normalmente a las que mejor aplican la ley, las más ágiles en la gestión. Es muy insolidario", dice García.
