Abierto el plazo de solicitud

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PUBLICACIÓN EN BOJA

Se ha publicado en el BOJA de 28/11/2011 la orden de 11 de noviembre de 2011, conjunta de la Cosejeria de Educación y de la Consejeria Empleo por la que se convoca, para el año 2011, procedimiento de evaluación y Acreditación de las competencias profesionales adquiridas a traves de la experiencia laboral o de vias no formales de formacion para determinadas unidades de competencia, en el ambito de la Comunidad Autónoma de Andalucia 

Un saludo.

 http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/233/d/3.html

 El plazo para presentar las solicitudes de inscripción en el procedimiento será de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Impugnan los exámenes de auxiliar de ayuda a domicilio

Mari Carmen Texeira y Gloria Esteban, con la reclamación.

Son las dos únicas que se han decidido a denunciarlo en la prensa, pero aseguran que son varias mujeres más las que han hecho una reclamación en el registro del Ayuntamiento de Mérida por los exámenes teóricos que han hecho para acceder a un puesto de auxiliar de ayuda a domicilio, un empleo durante un año.

Mari Carmen Texeira Nieto, que ha obtenido una calificación de un 4,50, y Gloria Esteban Rubio, con una nota de un 4,70, no están nada de acuerdo con la puntuación que han obtenido en la prueba práctica. Han impugnado el examen porque dicen que ellas también quieren una oportunidad para trabajar en el Ayuntamiento y denuncian que se ha dado «un trato de favor a varias personas que sí que han aprobado y que saben mucho menos que nosotras en este campo».

Mari Carmen Texeira Nieto tiene 49 años y asegura que en la actualidad no tiene ningún ingreso. Afirma que conoce al menos dos casos en los que las puntuaciones han sido de 7 y asegura que es imposible que estas dos mujeres hayan sacado esta nota «porque no saben ni leer ni escribir y casi todos los años trabajan en el Ayuntamiento».

Gloria Esteban Rubio, de 40 años, es madre de tres hijos y dice que cobra una pensión de 324 euros. Manifiesta también su descontento con esta situación y explica que ella está mucho más capacitada de lo que realmente refleja la nota que ha sacado. Afirma también que cree que ha habido «trato de favor» con varias personas y que por eso se ha decidido a impugnar el examen.

«Queremos que se puntúe como es debido y que se respeten las bases con las que se convocaron estas pruebas», sentencia.

Las pruebas para seleccionar a 55 personas para la ayuda a domicilio tuvieron lugar el pasado 3 de noviembre con un examen a desarrollar de tres preguntas.

Fuente: hoy.es

Denuncian «incidentes» para acreditar a las trabajadoras de ayuda a domicilio

El sindicato ELA denunció ayer «incidentes» en el proceso de acreditación profesional para las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD). El pasado 10 de octubre, el Gobierno vasco, a través de su Departamento de Educación, convocó la apertura del proceso homologador, cuyo objetivo es cumplir una normativa europea. Esta reglamentación exige, antes del año 2015, que todas las trabajadoras posean la titulación oficial correspondiente o, en su defecto, acrediten la experiencia profesional.

Según la central nacionalista, este proceso se está llevando a cabo «con múltiples irregularidades». En este sentido, ELA aseguró a través de un comunicado que la convocatoria de acreditación ha arrancado con la insuficiente divulgación por parte del Ejecutivo vasco, de forma que no se ha facilitado a todas las trabajadoras el conseguir esta acreditación. Además de «las pocas explicaciones que se da a las personas interesadas», ELA asegura que la mayoría de trabajadoras del SAD no han podido acceder al procedimiento. En concreto, en el caso de Bizkaia han sido menos de 500 personas las admitidas, cuando de entrada se convocaba para 950.

Otra «irregularidad» es el hecho de que a las personas excluidas «no se les diga la razón, ni se les facilita el criterio objetivo para determinar la admisión o el rechazo».

Por todo ello, ELA solicita al Gobierno vasco que adopte las medidas necesarias para aclarar y explicar a las trabajadoras qué criterios se han utilizado en este proceso. También reclama que dé explicaciones de la rebaja del número de personas admitidas. Por último, la central considera fundamental que promueva de forma urgente otra convocatoria «para que todo el personal pueda tener las mismas oportunidades».

Fuente: elcorreo.com

El Grupo Socialista califica de “tramposo y desleal” al Gobierno del PP en Diputación con la ayuda a la dependencia

La portavoz del Grupo Socialista en el Diputación Provincial, Esperanza Pérez, ha valorado como “tramposo y desleal al Gobierno del Partido Popular en la Diputación de Almería” por arrogarse como suya la gestión de la Junta de Andalucía y la transferencia de 1.103.993 euros destinados al programa de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia por el Gobierno andaluz”.

Esperanza Pérez ha aseverado que “una vez más el gobierno provincial del PP nos sorprende con una de las suyas, en boca de su portavoz Javier Aureliano García, quien miente a los ciudadanos sobre la Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia”.

“Resulta indignante, desleal y tramposa esta actitud del PP, que miente de nuevo a la opinión pública en este asunto, cuando la Diputación de Almería no aporta ni un sólo euro de la cuantía total de esta ayuda a la dependencia de 1.103.993 euros para los municipios de la provincia”, según Pérez.

Mediador

“El papel del Gobierno provincial en esta ayuda se reduce a ser el de un mero mediador. La eficacia de la Junta y a su rapidez en gestionar estos fondos para la Dependencia es lo que permite que los Ayuntamientos de la provincia dispongan con prontitud de ellos, siempre que no lo impida el Gobierno intermedio que los ha de repartir, que es el de la Diputación”, ha aclarado la portavoz socialista.

Esperanza Pérez ha explicado que “con los fondos para la Ley de Dependencia se le abonan las nóminas a los trabajadores y los fondos a las empresas que prestan este servicio en los municipios de la provincia, de ahí que se agilice al máximo por parte del Gobierno andaluz su concesión”.

Para la portavoz socialista de la Diputación, “gracias a que la Junta transfiere cada dos meses estos fondos, Ayuntamientos como los de Alboloduy, de Albox, de Alsodux, de Beires, de Bentarique, de Canjáyar, de Gádor, de Huécija, de Huércal de Almería, de Íllar, de Instinción, de Líjar, de Macael, de Olula del Río, de Oria, de Pechina, de Rágol, de Rioja, de Santa Cruz de Marchena, de Santa Fé de Mondújar, de Serón, de Tabernas, de Tahal y de Viator, pueden ir manteniendo este servicio de atención a la dependencia, que se ha convertido en un pilar más del Estado del Bienestar”.

“El Partido Popular no cree ni apuesta por la Ley de Dependencia, como ha puesto de manifiesto hoy Mariano Rajoy en un medio de comunicación donde decía que no era viable”, ha resaltado Esperanza Pérez que también ha añadido que “además el PP en el Gobierno de la Diputación Provincial no tiene escrúpulos en vender como propia la gestión de otras administraciones”.

Esperanza Pérez ha asegurado que “el único interés que se le ha podido ver al PP en la Diputación con este asunto es querer hacer un contrato provincial a una única empresa para monopolizar el servicio y ver una oportunidad de negocio, arruinando de paso a las pequeñas cooperativas y empresas locales que tan eficazmente están trabajando conjuntamente con los Ayuntamientos”.

Esperanza Pérez ha manifestado su preocupación y la del Grupo Socialista en este asunto. “Día tras día vemos cómo el Partido Popular dice una cosa y hace lo contrario” ha indicado la portavoz socialista.

“Instamos al PP a que se ponga a trabajar en proyectos que son realmente de su competencia y que son muy necesarios para nuestros pueblos, promoviendo inversiones propias por parte de la Diputación, que generen trabajo y riqueza para nuestra provincia”, ha apuntado la portavoz socialista.

Como conclusión Esperanza Pérez ha asegurado que “el PP se ha pasado los primeros 100 días de gobierno haciendo oposición a la oposición, sin realizar gestión provincial propia y más ocupado en resultados electorales que en los verdaderos problemas de los almerienses”.

Fuente: noticiasdealmeria.com

"Parar la Dependencia es un paso atrás de dimensiones históricas”

El sector de los servicios sociales está indignado, pero sobre todo, “desazonado”, por las declaraciones de Mariano Rajoy en las que declara abiertamente que la Ley de Dependencia “no es viable”. “Si el candidato popular sigue por ese camino se arriesga a una quiebra de la cohesión social, porque cuando la red pública y las organizaciones sociales no pueden prestar sus servicios a las personas que lo necesitan se encarga la familia y si eso falla se produce la quiebra”, ha dicho el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Esto supone un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado social. Trasladar la cobertura pública a iniciativas caritativas es volver a la beneficencia, prácticas predemocráticas superadas hace décadas", ha añadido Ramírez.

En la entrevista concedida a EL PAÍS, el candidato popular afirma que “ayudar a quien no se vale por sí mismo es un objetivo loable”, pero señala que se mantendrá el modelo de bienestar que “permitan los ingresos”. No es un objetivo loable, sino un derecho, el que tienen los dependientes reconocidos, gracias a una ley que contó en su día con el apoyo del PP. “Demuestra insensibilidad hacia el millón de dependientes que hay ya reconocido como tal y de cuyo derecho dependen no solo su calidad de vida, sino las de sus familias”, señala Ramírez. Acusa, además, a Rajoy de “irresponsabilidad” por “no tener en cuenta en tiempos de crisis que esta ley ha generado ya 165.000 empleos y que tiene retornos económicos nada desdeñables”.

En 2010 el Gobierno aportó para la financiación de la Dependencia 1.828 millones de euros y las comunidades autónomas 3.551. El coste total del sistema supuso el año pasado 6.301 millones de euros, teniendo en cuenta todas las partidas, no solo las prestaciones concedidas a los dependientes, lo que representa el 0,64% del PIB. 

En términos políticos, esta asociación estatal lamenta la “incoherencia” del discurso del candidato, cuando afirma que no habrá recortes sociales: “Pues justo esta materia es la más social de todas. Por esa vía puede poner en peligro la cohesión social. Y eso es grave, porque España, a pesar de tener menos cobertura social que otros países de su entorno ha mantenido una gran cohesión”, afirma Ramírez.

La desazón del colectivo se debe a otra promesa de Rajoy, cuando afirmó recientemente en un mitin en Castilla y León que esa comunidad era el ejemplo que tomaría para su Gobierno, por sus buenos resultados en Educación y Dependencia, entre otras materias. “Pero, finalmente, parece que se impone el modelo de Madrid y de Valencia, y los recortes de Cospedal en Castilla-La Mancha, con resultados nefastos en esta área”.

Movilizaciones

La coordinadora estatal en defensa de la Ley de Dependencia (que agrupa a varias plataformas por todo el país) ha anunciado movilizaciones antes de que se celebren los comicios. “El señor Rajoy no está bien informado, paralizar esta ley sería un drama en muchas comunidades, cuyos presupuestos y los del Gobierno ya se están destinando a los servicios que se prestan. Hay miles de plazas de residencias concertadas que se quedarían sin pagar. O Rajoy no sabe de qué habla o está mal asesorado”, ha dicho el coordinador estatal, Jaime Esteban García. “Puede que haya que mejorar la financiación de la ley, entre todas las Administraciones, pero de cargársela, nada, es una ley buena y plantea mecanismos para su cogestión entre todos”.

El CERMI, la plataforma de la discapacidad, ha exigido a los partidos que manifiesten un compromiso firme con el mantenimiento de las conquistas sociales: “Estos avances han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recorte, por lo que los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión".

Las asociaciones valencianas han anunciado concentraciones para mañana en Valencia y Alicante a las doce y a la una en Orihuela, frente a las delegaciones de Bienestar Social.  En la capital de la Comunidad Valenciana se concentrarán también a las doce ante la sede del Partido Popular. Las plataformas de Madrid y Castilla-La Mancha convocarán también protestas donde tienen representación.

Fuente:politica.elpais.com

Los jueces tumban el despido de 20 días y dejan sin efecto la reforma laboral

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

La reforma laboral abarataba el despido en la práctica. Los empresarios podrían despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, al igual que la mayoría de la eurozona. El Gobierno desempolvaba el despido objetivo por causas económicas de 1980 y que desde 1997 (cuando flexibilizó el despido disciplinario, más conocido como despido exprés) había quedado relegado a las compañías valientes a las que no les asustara enfrentarse a un largo litigio judicial.

En el 76% de los casos eran derrotados y obligados a pagar 45 días por año con 42 mensualidades como tope más salarios de tramitación.

La nueva norma de septiembre de 2010 clarificó las causas económicas de despido, pero todavía faltaba la interpretación de los jueces. Y los jueces han hablado, al menos los del Juzgado de lo Social. Sus interpretaciones difieren unas de otras y en la mayoría de casos siguen tumbando los despidos de 20 días.

El interés del trabajador

A falta de una sentencia del Tribunal Supremo que unifique todas estas interpretaciones, muchos jueces no ven claro el texto de la reforma. Según una sentencia del 17 de marzo del juzgado de Guadalajara, se debe tener en cuenta el interés del trabajador por conservar su puesto de trabajo: "El criterio de razonabilidad no puede, en mi opinión, confinarse a la competitividad de la empresa, sino que tiene que incluir especialmente el interés del trabajador por conservar su puesto de trabajo".

Además, coincidiendo con otras sentencias, el juez decide que el despido debe ser la última posibilidad y ejecutarse "cuando ya se hayan agotado otras medidas de flexibilidad interna (reducción de la jornada, modificación de condiciones de trabajo, movilidad geográfica o, incluso descuelgue salarial)". No obstante, para llevar a cabo estas otras medidas se necesita llegar a un acuerdo con sindicatos y este proceso se puede dilatar en el tiempo.

Se supone que el objetivo de la reforma laboral era que un empresario con mala situación económica pudiera despedir más fácilmente. Además se añadían las causas previstas: ya no iba a ser necesario estar al borde de la quiebra para justificar una crisis económica en la compañía, bastaba con acreditar una caída de ingresos con la que se pudieran prever las pérdidas.

Otra sentencia de Pamplona del 24 de febrero de 2011 también falla que un despido objetivo por causas económicas es improcedente. La argumentación se vuelve a centrar en que "la decisión de la empresa no ha constituido el último instrumento legal del que dispone para tratar de resolver la situación negativa en la que se encuentre".

De esta manera, el juez añade que la empresa debía "haber adoptado otras medidas menos drásticas o traumáticas que el despido", según enuncia el texto.

Una sentencia de Madrid del 1 de marzo de 2011 argumenta que en el momento del despido "tales problemas de gestión o pérdidas de eficiencia han de ser perceptibles y objetivables y no meramente hipotéticos", a pesar de que en la reforma incorpore las pérdidas futuras.

En estas interpretaciones se pone de relieve el interés del trabajador afectado. Y es que una de las mayores críticas que realizan los empresarios es que una denuncia de una decisión empresarial no debería ir a un Juzgado de lo Social, sino a uno de lo Mercantil.

También hay algunas interpretaciones de la reforma algo más liberales. La misma sentencia de Madrid antes comentado defiende que para hacer una extinción de contrato la situación económica no tiene que "llegar a crisis total ni a que la situación de la empresa sea irreversible". Además añade que la norma "no tiene como objetivo regular la situación laboral de una empresa en situación de crisis definitiva, sino precisamente evitar que dicha situación se produzca, salvando el mayor número de puestos de trabajo posibles". "Basta con una mala evolución del beneficio".

En cuanto a la documentación, la sentencia destaca que "no es necesaria una exposición exhaustiva de cifras y datos". Y es que continúa siendo usual que no se acepten despidos porque el empresario no ha cumplido con exactitud todas las formas. Un ejemplo se expone en una sentencia analizada, donde se afirma que el cese "es improcedente al no haberse acreditado en la carta de despido la situación económica de la empresa".

Fuente: eleconomista.es

La Diputación completa con varios aparatos de apoyo la ayuda a domicilio

La Diputación de Palencia tiene previsto distribuir entre los 1.075 usuarios del servicio de ayuda a domicilio de la provincia un total de 80 aparatos que servirán como soporte técnico para el trabajo diario. Los trabajadores sociales han valorado las condiciones y el entorno de los beneficiarios de este servicio y han asignado las dos camas articuladas, dos grúas, 18 sillas de baño, cuatro tablas de baño, 25 alzadores de inodoro y 29 asideros de ducha y baño. Todo ello facilitará la movilidad de los beneficiarios por medios técnicos y ortopédicos y contribuirá a mejorar el trabajo de las 440 auxiliares que se encargan de prestar el trabajo de ayuda a domicilio en Palencia.

La inversión para este aparataje asciende a un total de 15.000 euros. La prescripción de esta ayuda se realiza por parte del trabajador social de cada Ceas, que valora requisitos como la capacidad económica del beneficiario, las condiciones de su vivienda, si vive solo o acompañado y sus características físicas.

Objetivos

El presidente de la Diputación de Palencia, José María Hernández, presentó ayer en rueda de prensa este aparataje, acompañado por el diputado provincial de Servicios Sociales, Carlos Morchón, y el jefe técnico de este departamento, Ángel Gómez Mediavilla. El titular de la institución provincial destacó que el servicio de ayuda a domicilio permite un doble objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas que son beneficiarias y también generar puestos de trabajo en el medio rural, un entorno donde las posibilidades laborales son cada vez más escasas. Además, el conjunto de factores contribuye a fijar población en las zonas rurales, que es uno de los objetivos prioritarios de la administración. Por su parte, Carlos Morchón destacó que todo este aparataje contribuirá a que sea mucho más seguro y más fácil el día a día de los beneficiarios.

Selección

Los trabajadores sociales han sido los encargados de realizar la selección de los beneficiarios. A pesar de que no existe una estadística exacta y la entrega del aparataje se realiza en función de los que haya disponible, la Diputación calcula que en torno al 15% de los beneficiarios de la ayuda a domicilio necesita algún soporte de estas características para facilitarle el día a día. En este sentido, el presidente de la Diputación destacó que no se trata de adjudicaciones en propiedad, sino que cuando cambie la situación del beneficiario, ese aparato podrá ser adjudicado a otras personas.

Por su parte, Ángel Gómez Mediavilla destacó que el éxito del trabajo de ayuda a domicilio se mide siempre en función de las posibilidades del beneficiario de permanencia en el hogar, «con los menores riesgos y el máximo de facilidades». El jefe del departamento de Servicios Sociales reconoció que existe un porcentaje importante de mayores con sobrepeso y problemas de movilidad que dificultan y generan riesgos a las trabajadoras de ayuda a domicilio, por lo que este tipo de soportes técnicos contribuyen a mejorar el trabajo. Además, reconoció que las condiciones de las viviendas rurales reúnen habitualmente más riesgos y barreras físicas.

Fuente: elnortedecastilla.es

Ayuntamiento de El Ejido y Clece firman un plan de pago para saldar la deuda contraída en dependencia desde 2009

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y la empresa Clece, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, han firmado un convenio de refinanciación para, a través de un calendario de pagos, abonar a la compañía una deuda superior a los tres millones de euros --más 330.000 euros en concepto de demora-- contraída desde 2009 al no abonar las cuantías pactadas pese a que éstas se financian con fondos finalistas provenientes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

Según informa el Consistorio en una nota, el Ayuntamiento se compromete a afrontar, en un plazo máximo de tres años y medio, los más de 3.020.000 euros pendientes de pago por la prestación del servicio. Así, el concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento ejidense, José Francisco Rivera (PP), ha indicado que las facturas de nueva emisión "no volverán a quedar impagadas", de forma que se hará frente a la deuda acumulada hasta el pasado 30 de junio.

El plan de pagos establecido prevé saldar la deuda en 42 meses, de forma que el equipo de gobierno pagará en 2012 unos 449.698 euros; en 2013, 683.982 euros; en 2014, 900.000 euros y antes de que finalice junio de 2015, tendrá que haber abonado los 989.828 euros restantes. A estos importes habrá que añadir la cantidad de 330.114 euros en concepto de refinanciación de la deuda que el Ayuntamiento de El Ejido tiene contraída con Clece, cantidad que se abonará con pagos trimestrales para los años 2012, 2013 y 2014.

La parte correspondiente a 2015 se abonará en dos únicos pagos durante el primer semestre. Es decir, la cantidad total se liquidará desde enero de 2012 hasta junio de 2015. Rivera ha explicado que "se trata de una deuda contraía por el equipo de gobierno anterior y que actualmente no debería de existir, puesto que el servicio de ayuda a domicilio se sufraga con las dotaciones periódicas que el Ayuntamiento recibe de la Junta de Andalucía".

Rivera ha insistido en que "desde el gobierno municipal se ha buscado la solución más viable para que la empresa concesionaria de un servicio tan importante como es la Ayuda a Domicilio no rescinda su contrato por la deuda que arrastra el Ayuntamiento desde hace años".

Fuente: ideal.es

Los becarios comienzan a cotizar a la Seguridad Social

Los becarios podrán cotizar a partir del 1 de noviembre después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado el Real Decreto que da luz verde a esta medida. Además, las personas que hayan participado en programas de formación antes de su entrada en vigor podrán suscribir un convenio especial que les permita el cómputo de cotización hasta un máximo de dos años anterior a esta madida.
El Gobierno estima que actualmente puede haber alrededor de 30.000 personas en situación de becarios en el conjunto de universidades, fundaciones y otros organismos que conceden este tipo de ayudas a la formación. Asimismo, se estima entre 100.000 y 200.000 el número de personas que pueden optar a firmar el convenio especial por haber tenido la condición de becarios anteriormente.

¿Evitar la fuga de cerebros?
Los datos económicos, el paro que roza los 5 millones de personas y las proyecciones sobre la situación financiera que aseguran que no se volverá a la situación anterior a la crisis económica hasta 2016, provocan que muchos jóvenes españoles opten por viajar a otros paísesen busca de trabajo, lo que denominamos fuga de cerebros.
El Real Decreto establece como beneficiarios a las personas que participan en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, financiados por organismos públicos o privados, que incluyan prácticas formativas que conlleven una contraprestación económica para los afectados.
Estas personas serán asimiladas a trabajadores por cuenta ajena a efectos de suinclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. Los becarios deberán acreditar su condición mediante certificación expedida por los organismos o empresas que los financien.

¿Cómo funciona esta medida?
La afiliación se extenderá desde la fecha del inicio al cese de la actividad del participante en el programa de formación y la cotización se realizará aplicando las mismas reglas establecidas para los contratos de formación y aprendizaje, en lo que se refiere a contingencias comunes y profesionales, así como por formación profesional, pero no se extenderá a la prestación por desempleo ni al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
La empresa u organismo que financie el programa de formación tendrá la condición de empresario y asumirá los derechos y obligaciones fijados para éstos en el Régimen General de la Seguridad Social. Por su parte, los becarios tendrán la misma cobertura que los afiliados a dicho Régimen General, excepto en la protección por desempleo.

¿Has sido becario en los últimos dos años?
Las personas que hubieran participado en programas de formación con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto podrán suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, por una única vez, que les permita el cómputo de cotización por los periodos durante los que fue becario, tanto en España como en el extranjero, hasta un máximo de dos años, los dos últimos.
Para acogerse a este convenio especial  el interesado deberá acreditar el periodo de duración de los programas de formación en los que hubiera participado. La base de cotización por el convenio especial estará constituida por la base mínima de cotización vigente en el Régimen General de la Seguridad Social en el período que corresponda, a la que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77. El pago de cotización correspondiente al mes de noviembre de 2011 podrá ingresarse, sin recargo e interés de demora, hasta el 31 de enero de 2012.


Fuente: madrid2noticias.com

La Ley de Dependencia está paralizada

El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.

Desde junio, una vez actualizada la estadística, se han contabilizado 35.191 nuevos

dependientes atendidos, pero solo cuatro comunidades sostienen esa cifra: suman el 75% de ese total. Son Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Madrid. ¿Madrid? Sí. Esta comunidad sigue a la cola en la relación de beneficiarios por población, pero ha dado un estirón incorporando a nuevos usuarios.

Y otras cuatro comunidades presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían en junio: Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. El batacazo de Aragón es notable, con casi 1.000 beneficiarios menos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los dependientes son ancianos de avanzada edad y, por tanto, un colectivo de alta mortalidad, cabría afirmar que Aragón ha cerrado el grifo de las ayudas. Y encima ha engordado su lista de espera 1.637 personas. Las cuatro autonomías mencionadas han agrandado su lista de espera en los últimos meses.

Hace un año, las cosas eran distintas. En el mismo periodo de 2010, de junio a octubre, se registraron en el sistema 48.212 personas atendidas. Pues bien, el recuento interanual indica ese mencionado retroceso en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema en 13 comunidades. En algunos casos el descenso es notable, como en Cataluña, que incorporó a más de 9.000 personas atendidas en esos cinco meses de 2010 y solo a 2.662 en el mismo periodo este año. Murcia ha bajado 1.720 personas, Extremadura 1.789 y Castilla-La Mancha 1.423, por poner algunos ejemplos. Galicia es de las pocas que ha hecho el viaje al contrario: partía de números rojos en 2010 y ha registrado 3.577 beneficiarios en los últimos cinco meses. Sin embargo, en general, el desarrollo es mortecino.

La lista de espera está lejos de adelgazar: hay 305.674 personas con derecho a una ayuda que aún no la reciben. Por tanto, no parece lógico el ritmo que sigue la incorporación de beneficiarios. En Madrid, por ejemplo, la lista de espera ha aumentado en los últimos cinco meses en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024. "Puede afirmarse que solo cuatro comunidades están tirando del carro y que en algunas, donde las cosas iban razonablemente bien, los cambios de Gobierno no han beneficiado en nada a la ley, como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Desde la asociación insisten en que esta ley, "en lugar de dejarla morir, hay que reflotarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado". Y ofrecen algunos datos: "Si los familiares que cuidan a ancianos en casa tuvieran algunas horas de ayuda a domicilio, además de mejorar la atención al dependiente y asegurarse de que el cuidador no está menoscabando su propia salud, se podrían crear más de 10.000 empleos, con un incremento del 7% de los costes del sistema", señala Ramírez. De las 740.000 personas que reciben ayudas de dependencia, 420.000 perciben una prestación económica para cuidar al dependiente en casa. "Por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio (en residencias, centros de día) se generarían no menos de 30.000 empleos directos", explican. La asociación considera que hay que cambiar los criterios de financiación para que las comunidades reciban más dinero por aquellos dependientes que ingresen en geriátricos. "A las comunidades les sale más cara una plaza de residencia que conceder una paga para cuidar del anciano en casa; sin embargo, reciben el mismo dinero en un caso y otro. Eso hay que modificarlo, pero no hace falta cambiar la ley para ello", insiste.

La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, no descarta "reajustes en la ley", pero el Gobierno opina que "sigue siendo necesaria y que no se puede frenar". "Hay que seguir desarrollándola, creemos en su sostenibilidad. Esta ley genera unos retornos económicos muy importantes. Es, por tanto, un elemento de crecimiento y frenarla sería paralizar la actividad productiva en un sector que está creciendo y que debe seguir haciéndolo", afirma Martínez. "El modelo es viable, hay que ver los instrumentos que garanticen no solo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales. Hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho", añade.

La crisis que atraviesa España es complicada para acelerar el desarrollo de la ley, pero la secretaria de Política Social cree también que "falta voluntad política", y acusa a las comunidades del PP, "porque los datos son claros".

Ramírez también cree que falta voluntad política. "El caso más claro siempre ha sido Madrid, cuyas estadísticas han estado muy por debajo de la media nacional. Recientemente han hecho un esfuerzo por incorporar gente al sistema. Si siguieran subiendo a este ritmo, aún tardarían más de un año en alcanzar la media estatal".

Fuente: elpais.com