La Ley de la Dependencia, que nació hace cuatro años y que tenía previsto convertirse en un gran motor económico, es para Albert Verges, director general de la consultora Edad & Vida, un nuevo PER, un subsidio, ya que el 50% de las ayudas que se obtienen hoy son exclusivamente de carácter económico.
Vergés tiene sus razones porque esta ley, que inició un cambio radical en el sistema de atención a los dependientes, ha desvanecido muchas de las expectativas de negocio generadas para el sector de la tercera edad. Gracias a ella han sido evaluadas 1,4 millones de personas y casi 736.000 personas dependientes cuentan actualmente con una ayuda. Pero la prestación de servicios a los mayores, establecida en el texto como la generalidad (teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día, residencias, etc.) en muchas regiones se ha convertido en un "subsidio para las familias", asevera Vergés.
España es uno de los países donde se dan más casos de familiares que ejercen de cuidadores, según el primer Estudio de la OCDE sobre la dependencia. Lo que la ley recogía "con carácter excepcional, solo utilizado para dependientes de zonas (alejadas) donde no hubiera infraestructura suficiente para su atención, se ha convertido en norma", a juicio de Alicia Azaña, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Prueba de ello es que casi el 50% de las ayudas son de carácter económico y más de 400.000 personas la cobran como cuidadores no profesionales.
Pese a sus imperfecciones, ha extendido ayudas a toda la población, que antes estaban casi exclusivamente vinculadas a la población marginal, según señala Gonzalo Casino, director del área de consultoría de Deloitte. Un sistema que absorbe un presupuesto anual de más de 1.500 millones de euros.
Varias son las razones que han contribuido a "pervertir el espíritu de la ley" impulsando la figura del abuelo golondrina, que ha vuelto a residir con los hijos. Pero las cruciales se reducen a dos. Para empezar, es el dependiente o sus familias los que eligen entre el dinero y los servicios, y el Gobierno, encargado de aportar el 50% de la ayuda, no contó con una crisis de las características de la actual ni con las altas tasas de paro. Además, a las autonomías les sale mucho más barato conceder la prestación, que no supera los 500 euros mensuales, que proporcionarle una plaza en una residencia de ancianos que vale unos 1.800 euros mensuales. Máxime cuando en España la pensión media de los mayores no supera los 800 euros, concepto a partir del cual se calcula el copago del usuario.
Todo ello sin contar que poner en marcha los servicios (organizar la ayuda a domicilio, gestionar plaza en la residencia o centro de día) es mucho más lento que adjudicar la ayuda económica, aclara Azaña. Por eso, algunas comunidades, como Madrid, han empezado a introducir el cheque servicio, que se puede canjear en cualquier residencia o empresa concertada con la autonomía a cambio de servicios para el dependiente. En breve estará también en Cataluña.
Madrid es una de las autonomías que ha apostado por el sistema de servicios. De hecho, del total de las ayudas concedidas hasta ahora no llegan ni al 20%, frente a otras zonas como Murcia, Andalucía o Cataluña. En estas regiones, el subsidio representa, sobre el total de prestaciones, el 85%, el 60% y el 70%, respectivamente, según Azaña.
La otra cara de la moneda es que las regiones que han apostado por los servicios también son las más descontentas. Junto a Canarias, Valencia, Baleares y Galicia; Madrid es una de las regiones que cuenta con el mayor número de personas en espera de percibir la prestación ya concedida. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, en junio de 2010, esta cifra representaba el 35,8% del total. Castilla y León, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla y La Rioja son las más ágiles. En España existen 228.000 personas en lista de espera con prestación reconocida.
Fuente: cincodias.com
