Ya está. La dependencia ha entrado en números negativos: mueren más dependientes que los nuevos que acceden a las ayudas del sistema. Los últimos datos muestran 742 personas atendidas menos que el mes anterior, así que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. Esto, que ocurría en cuatro comunidades hace un mes, ahora alcanza a 11 de ellas, hasta llevar a saldo negativo las cifras nacionales. La parálisis que ya se observaba en la implantación de la ley muestra ahora síntomas de agonía. Los beneficiarios tienen una alta dependencia y la mayoría son personas mayores de 80 años, así que no cabe pensar en que hayan causado alta por mejoras en su salud.
Con anterioridad, el sistema ha tenido números negativos tres veces: en dos de ellas (junio de 2009 y mayo de 2011) porque se limpiaron las estadísticas para sacar a los fallecidos y otras incidencias; la tercera vez ocurrió en agosto del año pasado, cuando, de repente, las cifras dieron un bajón, pasando de 35.000 nuevos atendidos a -577. El Gobierno lo achacó entonces a que se trataba de un mes vacacional, pero en esta ocasión no hay agostos que valgan. "Lo que preocupa ahora es la tendencia, en agosto del año pasado los datos se recuperaron al mes siguiente, pero ahora la caída es imparable, desde junio el descenso es significativo. Si el próximo Gobierno tiene intención de parar la ley, como se sugirió en la campaña electoral, las comunidades le van a dar el trabajo hecho", lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Este año ha sido horribilis para la dependencia,a pesar de que ya hay 741.713 atendidos. Recortes como los del sector educativo o el sanitario también se han sentido en este campo, aunque quizá más camuflados, en línea con la opacidad de sus estadísticas. Pero algunos datos son incontestables: el promedio mensual de nuevas personas atendidas, que venía siendo en los tres años anteriores entre 17.000 y 28.000 ha caído en 2011 hasta 6.600, en números redondos. Parecido ocurre con las solicitudes, que han pasado de ser alrededor de 30.000, como promedio mensual en esos años previos, a las 10.000 de este. "El descenso de las solicitudes no puede atribuirse solo a la voluntad de los usuarios. La gente solicita una ayuda cuando se le incentiva para ello o cuando consideran que la recibirán, como ha ocurrido con su vecino. Por otro lado, quizá estemos ante unos datos no ajustados a la efectividad de las fechas de solicitud, sino ante un flujo matizado por la capacidad real de absorción de solicitudes de las comunidades", sugiere Ramírez.
También las personas acreedoras de una ayuda han caído, como promedio mensual en 2011, casi a la mitad que en años anteriores. Y, para remate, lo único que no desciende es la lista de espera, que está cronificada. Si no se cubre la tasa de reposición (entre los que salen y los que entran al sistema) difícilmente se va a desenredar ese nudo. Uno de cada tres dependientes con derecho a una ayuda está sin ella.
Los últimos datos que las comunidades han proporcionado al Gobierno indican que solo seis de ellas tienen saldo positivo: Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco, "pero, en realidad solo dos, Castilla y León y País Vasco, presentan unos resultados óptimos", asegura Ramírez. El retroceso en algunas es, para la corta vida de la ley, casi histórico: "Aragón y Asturias han vuelto en los últimos meses a cifras que solo encontramos un año y medio antes, por ejemplo. Y es lamentable ver cómo Castilla-La Mancha, que siempre fue de las mejores, supera por primera vez la media nacional de personas en lista de espera. Además, su número de dependientes atendidos retrocede a la cifra que tenía en febrero de 2011", sigue Ramírez. "Si se analizan los datos atendiendo al último semestre, en la mayoría de las comunidades se ha paralizado el ritmo de crecimiento en la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema, en otras ha crecido moderadamente, País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla y León; y en otro grupo ha bajado, ni siquiera mantienen la tasa de reposición, es el caso de Aragón, Valencia, Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha", resume Ramírez.
Que el sistema está moribundo se hace evidente al ver el desparpajo con el que algunos gobernantes avisan de que se van a saltar la ley. Lo han hecho algunos responsables regionales con los dependientes moderados, que debían haber entrado en el sistema en enero de este año, pero que han quedado engordando la lista de espera. Cataluña y Aragón anunciaron públicamente su negativa a incluirlos por la estrechez que impone la crisis, aunque en la práctica casi todos han claudicado en este extremo.
Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, ha anunciado recientemente que revisará el baremo de la dependencia. "Quizá se refiere a lo que hará el Gobierno de Rajoy, porque las comunidades no tienen competencias para eso. Además, el nuevo baremo, acordado entre todas, entra en vigor en 2012. Y ya es más riguroso y ajustado", dice Martínez.
Otro ejemplo de las políticas que están dando la puntilla a la ley es el de Extremadura, en cuyos presupuestos, presentados por el Gobierno, se reduce un 83% el dinero para equipos de valoración de la dependencia. Y ello a pesar de que esta comunidad es la cuarta con peores datos en valoraciones efectuadas respecto a las solicitudes que han presentado los ciudadanos. Está por debajo de la media nacional, que es de un 93% de valoraciones respecto a las solicitudes. Extremadura solo alcanza un 89,08%.
