1.013.800 euros de menos para la atención a los dependientes. Los nuevos criterios impuestos por el Ministerio de Sanidad y Política Social para repartir los fondos de la Ley de la Dependencia causarán un agujero de más de un millón de euros en las arcas del Gobierno regional. La pérdida llegará porque el Principado sólo podrá justificar este año 11.874 expedientes, frente a los 14.533 por los que cobró nueve millones de euros en 2009.
El saldo negativo de 2.659 casos no es fruto de una merma en la atención, puesto que en Asturias el número de beneficiarios reales de la ley se incrementó en 3.422 casos en doce meses, sino de que el año pasado el Ministerio de Sanidad y Política Social pagó a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, así como al resto de administraciones regionales, únicamente en función de las personas que ya tenían acreditada su condición de dependientes. En junio de 2009 eran 14.533 los asturianos con dicho certificado.
Sin embargo, este año, tal y como anunció la ministra, Trinidad Jiménez, a todos los consejeros del país en la reunión del martes pasado, pagará sólo por cada dependiente realmente atendido. Eso significa que sólo se contabilizarán los expedientes de las personas que ya estén disfrutando de un servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o una residencia) o que perciban una prestación, ya sea tanto para pagarse un servicio como para tener contratado a un familiar como cuidador.
En esa situación, con servicio o prestación adjudicada, o, lo que es lo mismo, con Plan de Atención Individual (PIA) firmado, a 1 de junio sólo se encontraban 11.874 asturianos, puesto que el atasco en la aplicación de la ley mantiene aún sin firmar el PIA a 4.201 personas.
Asturias, «penalizada»
Por esa razón, y dado que las cifras contabilizadas para el nuevo pago serán las cerradas este mismo mes, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha situado a Asturias entre las regiones «penalizadas» por el nuevo criterio de reparto, ya que de continuar con el establecido, volumen de población con dependencia, el Principado recibiría más dinero, puesto que este mes ya tienen el certificado de dependencia 16.075 asturianos, 1.542 más que en el mismo mes, pero de 2009.
El estudio de esta entidad, convertida en 'Pepito Grillo' de la Administración con respecto a la dependencia, advierte de que la situación irá a peor, ya que el nuevo criterio, pagar más por personas atendidas que por personas con certificado de dependencia, este año sólo afecta al 56% del presupuesto, pero en 2013 será el requisito único. De esta forma, según los expertos, Asturias percibirá en 2013 6.679.271 millones de euros, tres menos que el año pasado.
Con tan negras previsiones, no es de extrañar el enfado que el nuevo criterio del Gobierno estatal ha generado entre los agentes sociales. Tanto Comisiones Obreras como UGT de Asturias, así como el Consejo de Mayores, han hecho públicos sendos comunicados en los que critican con dureza el reparto, ya que creen que «perjudica a las comunidades que han hecho un esfuerzo», puesto que no se diferencia entre servicios y prestaciones.
Esa es la política que defiende la consejera Noemí Martín, quien ha instado a la ministra a que el reparto se realice en función del servicio que se presta, criterio con el que Asturias saldría beneficiado. Porque, en un año el uso de la teleasistencia, los centros de día o la ayuda a domicilio se han disparado, hasta con incrementos de hasta el 600%.
Con ella coinciden las centrales sindicales, ya que entienden que el Ministerio de Sanidad y Política Social debería «penalizar las prestaciones a familiares», un recurso que la ley califica de «excepcional» y que, en realidad, es el mayoritario. En Asturias son más de 6.000 los asturianos que cobran por cuidar de un familiar, una cifra que creció un 40% sólo en un año.
