Pro Maiorem, una de las cinco empresas concesionarias del servicio de ayuda a domicilio del Gobierno de Cantabria, cumplió ayer sus amenazas y despidió a una de las trabajadoras que se negó a firmar la subrogación de su contrato en unas condiciones inferiores a las estipuladas en el concurso público. El responsable de atención domiciliaria de Comisiones Obreras, Carmelo Renedo, explicó a este periódico que el sindicato «denunciará a la empresa ante el Juzgado por despido nulo y tratará de reclamar el incumplimiento del pliego de condiciones». «Puedo asegurar que llevaban unos días amenazando a las trabajadoras para que firmaran una reducción si no querían irse a la calle, y pensábamos que no se atreverían, pero lo han cumplido», añade Renedo.
El servicio de ayuda a domicilio, vinculado a la Ley de Dependencia, dependía hasta el mes pasado de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social, que gestionaba la prestación a través de la sociedad Empredinser. Hasta que la Consejería de Servicios Sociales sacó a concurso público el servicio y se subcontrató a cinco empresas privadas: Azvase, Garbialdi, Grupo Eulen, Pro Maiorem y Urgatzi.
Una de las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones era la subrogación de los contratos de los 526 trabajadores de Empredinser con las mismas condiciones laborales que tenían hasta entonces. Sin embargo, cuando a principios de julio comenzó la ejecución de las subrogaciones, los trabajadores asignados a Pro Maiorem contactaron con los sindicatos para informarles de que los contratos que les ofrecía la nueva empresa comprendían reducciones sustanciales en el número de horas asignadas y, por tanto, en los sueldos.
En los últimos días, explicó Carmelo Renedo, «Pro Maiorem puso a sus nuevos empleados dos ofertas sobre la mesa: aceptar la reducción de horas o firmar en las mismas condiciones que tenían en Empredinser para recibir automáticamente la carta de despido». Fiel a su palabra, la empresa envió la primera carta de despido a una de las trabajadoras que no firmó el contrato reducido.
La trabajadora en cuestión firmó un contrato indefinido con Empredinser el 1 de noviembre de 2010, por lo que la indemnización que tiene que pagar Pro Maiorem por su despido es de sólo 1.887 euros, como se indica en la carta de despido.
Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales no quisieron hacer ningún comentario, pero Renedo reconoce que habló hace unos días con la directora general del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, Isabel Urrutia. «Dice que son conscientes de los graves problemas que está habiendo. La información le ha llegado por diferentes vías y sabe que lo que estamos denunciando es cierto y que es un incumplimiento claro del pliego de condiciones».
Renedo no descarta que se produzcan movilizaciones y afirma que están estudiando la posibilidad de denunciar ante la Inspección de Trabajo porque pueden demostrar que «las empleadas que han firmado reducciones de contrato voluntariamente lo han hecho bajo coacción».
Fuente: eldiariomontanes.es
