La Junta mantiene que al matrimonio que permanece desde ayer encerrado en el Ayuntamiento de Albolote le fue retirada la ayuda económica que percibía por la dependencia de su hijo porque es incompatible recibir esa prestación con la asistencia del joven a un centro ocupacional, como es el caso.
El matrimonio inició el encierro al mediodía de ayer en el Ayuntamiento de la localidad granadina, donde ha pasado la noche en compañía de otro hijo, en protesta por la decisión de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de retirarle la prestación de 300 euros mensuales que percibió durante un tiempo en concepto de ayuda por la dependencia de tercer grado (nivel dos) que le fue valorada.
Según ha explicado a Efe la delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta en Granada, Magdalena Sánchez, al matrimonio le fue concedida inicialmente la ayuda porque no hizo saber que el joven, de 27 años y con una discapacidad del 97 por ciento, asistía a un centro diurno ocupacional.
En Andalucía, la ley de Dependencia permite compatibilizar servicios como la asistencia del dependiente a una unidad de estancia diurna con la ayuda a domicilio o con la teleasistencia, pero no una prestación económica con la concesión de plaza en un centro ocupacional, como es el caso, ha explicado Sánchez.
Cuando los servicios sociales detectaron que la familia percibía ambos recursos, le fue retirada la ayuda económica (han recibido en total unos 3.000 euros que deberán ahora reembolsar).
La delegada, que dice haber atendido "en muchas ocasiones" a la madre del joven para explicárselo, mantiene que la familia puede optar por recibir la ayuda económica o por mantener a su hijo en un centro ocupacional: "Siempre han considerado que el centro es donde su hijo mejor está", ha agregado la delegada de Bienestar Social.
La familia presentó un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de retirarle la ayuda que fue desestimado, según Sánchez, si bien interpuso otro más y se encuentra a la espera de dictamen.
La madre del joven, María del Carmen Martínez, entiende que deberá ser un juez quien decida si debe o no devolver el dinero y si existe incompatibilidad entre las tareas de atención que ella presta a su hijo con la que recibe en el Centro de Terapia Ocupacional.
El matrimonio mantiene que no abandonará el encierro hasta que reciba una explicación por parte de la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.
Fuente: ideal.es
