La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha
anunciado al término del Consejo Territorial de Dependencia que ha alcanzado un
acuerdo con las comunidades autónomas para preparar una reforma de distintos
aspectos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a
fin de "garantizar" tanto su "viabilidad" como la prestación de servicios "en
igualdad de condiciones" en todo el territorio nacional.
Traducido al español que se habla en la calle, y a la luz de las recientes
experiencias semántico-destructivas protagonizadas por el PP en las áreas de
Fomento del Empleo, Sanidad, Educación o Investigación, en medios del sector
califican este anuncio como el principio del fin para todo el conjunto de
derechos y prestaciones nacidas al amparo de las legislaciones
socialistas.
Ayer mismo, antes de que la ministra adelantase su voluntad de degradar el
sistema, los responsables de las principales entidades que atienden al colectivo
dependiente, avisaban de que nuevos recortes pondrían en peligro miles de
empleos creados al abrigo de la Ley de Dependencia.
En rueda de prensa, Mato ha explicado que se han constituido cuatro grupos
de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de
valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a
sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el
procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los "aspectos
económicos" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia.
Estas líneas de trabajo se corresponden, casi punto por punto, con las
principales vías de obstrucción a la aplicación de la Ley de Dependencia que
exhibieron algunas de las comunidades gobernadas por el PP frente a los
Gobiernos socialistas, y apuntan los principales recortes y vaciamiento de
contenidos que han protagonizado regiones que, como Castilla la Mancha, han
cambiado de signo tras las elecciones de 2011.
Estos grupos realizarán un profundo trabajo de análisis, ya que en quince
días serán capaces de tener unas conclusiones que, tal y como se temen en el
sector, ya están prefijadas y más que decididas. El show mediático para suavizar
la degradación y práctica destrucción del cuarto pilar del Estado del Bienestar
en España tendrá lugar el mes de mayo, cuando se “compartan” las “conclusiones”
que serán ejecutadas en junio.
