La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha denunciado que la modificación de esta norma introducirá cambios que, a su entender, son "ilegales".
Según ha comentado a Efe el presidente de la Plataforma castellanomanchega, José Luis Gómez-Ocaña, el Real Decreto que modificará la ley, y que está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo 13 de julio, incluirá, entre otros cambios, el cómputo de la renta familiar y de la vivienda del dependiente a la hora de valorar su capacidad económica y determinar la cuantía del copago.
Para Gómez-Ocaña, estos dos puntos demuestran que el Real Decreto es, en realidad, "una derogación encubierta" de la ley.
Gómez-Ocaña ha indicado que el cómputo de la vivienda como renta del dependiente es "lo que los bancos llaman una hipoteca inversa", ya que, por ejemplo, si el susodicho no puede pagar el total de su mensualidad en una residencia, la vivienda responderá por la parte que no entregue, por lo que a la muerte de esa persona la casa tendrá una carga que puede ser de miles de euros, con la que tendrá que correr su familia.
Por otro lado, ha afirmado que "no puede permitirse" que se compute la renta de la familia para calcular el copago, ya que el dependiente tiene un derecho subjetivo.
La Plataforma ha considerado que estas medidas son "ilegales" y ha señalado que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "intentó introducirlas en Castilla-La Mancha", si bien el proyecto al final "no salió adelante".
Además, ha criticado que los valoradores -encargados de determinar el grado de dependencia- se reducirán a la mitad y ha advertido de que, en la actualidad, "en lugar de estudiar nuevos expedientes que tienen un retraso de más de diez meses, están revalorando las concesiones de hace cinco años y expulsándoles del sistema".
Gómez-Ocaña ha lamentado también que se esté "criminalizando al cuidador profesional, que es el que presta el mayor servicio y el más barato", ya que cobran 550 euros al mes por un servicio de 24 horas durante todo el año y, en su lugar, "se estén ofreciendo residencias o centros de día por 1.500 euros y sin plazas suficientes".
Ante esta situación, el colectivo está preparando ya demandas jurídicas y concentraciones todos los domingos de julio, la primera el próximo 8 de julio en la plaza de Zocodover de Toledo.
Fuente: abc.es
