El Sindicato aboga por la unificación de criterios técnicos que permitan homogeneizar el proceso teniendo en cuenta las características concretas del sector y sus trabajadores
JAÉN.- Desde la aprobación de la ley de Dependencia han pasado ya los suficientes años para que el sistema hubiera probado su validez, habiéndose sentado las bases con las que establecer una revisión de los aspectos esenciales para optimizarlo, garantizando un derecho como es el de la asistencia por parte de profesionales cualificados, que den un servicio de calidad a las personas dependientes. Pero hoy día no podemos decir con rotundidad que esto haya sido así. En el caso de la cualificación de los profesionales, UGT exige a la Administración Pública que resuelva todos los procedimientos, los requisitos y la normativa pendiente, para hacer funcionar el sistema e informar a los trabajadores, garantizando la cualificación que permita ofrecer este servicio con calidad y con todas las garantías que establece la ley, cumpliendo con lo pactado VII Acuerdo de Concertación Social en Andalucía, donde se hace especial hincapié como sector emergente con muchas posibilidades laborales.
Los temas pendientes son muchos y graves, y si no resuelven correctamente, paralizan y bloquean cualquier intento de ejecutar acciones formativas acordes a los certificados de profesionalidad que hoy día exigen la normativa estatal y andaluza, para trabajar por ejemplo, en el Servicio de Ayuda a Domicilio o en Centros Residenciales, donde existe una gran demanda de empleo en estos momentos. Algunos de estos problemas son el establecimiento de los requisitos de acceso del alumnado a los cursos para obtener dichos certificados de profesionalidad, o la espera para la acreditación de los centros que los imparten.
Desde UGT pedimos mayor agilidad de estos procedimientos porque los trabajadores no entienden de procesos administrativos, sobre todo cuando la misma normativa que regula los servicios establece unos plazos a los profesionales para obtener el certificado de profesionalidad para poder iniciar o continuar sus funciones laborales.
Y por otra parte se queda paralizada la programación formativa precisamente por este motivo, lo cual tampoco acaban de entender las personas desempleadas, o los trabajadores del sector que necesitan esta cualificación.
UGT demanda una normativa que unifique los requisitos que regulan todos los servicios, y que tanto la dirección de Mayores, como la de Discapacidad y Ayuda a Domicilio, se rijan por los mismos criterios a la hora establecer las titulaciones básicas del sistema educativo para acceder a los puestos de trabajo, así como las de Formación Profesional o los certificados de profesionalidad. Así se insiste en la unificación de criterios respecto a plazos para formarse, las ratios o la experiencia exigida. Esto redundaría positivamente en la movilidad de los profesionales para ejercer competencias en los distintos servicios y ampliar sus competencias. Pero para ello los grupos de trabajo establecidos en la Concertación Social, para poner en marcha las medidas de activación de empleo pactadas, deberían ponerse a funcionar de forma mucho más ágil, y no de forma aislada, sino representado a todas las consejerías implicadas, en este caso las Consejerías de Igualdad y Bienestar Social y Empleo, así como los agentes sociales y económicos.
Por último cabe destacar que la realidad impone ver las cosas con pragmatismo e integradas, y para cualificar a muchas de las trabajadoras con larga experiencia en el sector, o que obtengan una acreditación de sus competencias, hay que regular el sistema en nuestra Comunidad Autónoma cumpliendo con los plazos que establece el Real Decreto de Acreditación de Competencias que limita al período de un año el desarrollo autonómico terminando en este mes de agosto.
La realidad es que estos profesionales, en su mayoría mujeres, no tienen tiempo ni por sus responsabilidades familiares ni por los turnos variables de los trabajos en este sector, para hacer una formación de 600 horas. Esto solo se subsanaría si se establecieran fórmulas de acceso masivo y rápido a procesos de valoración y acreditación tanto estatales como autonómicas. Y sobre todo plantearse una revisión de la duración de los módulos formativos de estos certificados de profesionalidad, ya que en algunos casos tiene competencias similares que luego no se traducen en las mismas horas de formación necesarias para obtenerlos.
En definitiva, el Sistema Nacional de Cualificaciones, y los certificados de profesionalidad, son un largo sueño que parecía empezar a vislumbrarse a través de la ley de Dependencia, pero que a día de hoy está sumergido en una larga lista de temas pendientes que lo hagan viable , y donde es imprescindible que todas las partes trabajen conjuntamente para hacerlo coherente. Desde lo estatal a lo autonómico. Y por tanto de momento sigue siendo decepcionante su puesta en marcha, y donde los trabajadores son los principales perjudicados, junto a la sociedad en general, por no poder llegar a los objetivos de cualificación de alto nivel para atender a nuestras personas dependientes.
Fuente: teleprensa.es
