La adjudicación del contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que acabó en diciembre de 2009, acumula ya nueve meses de atraso. Desde entonces, esta prestación municipal se ha visto salpicada por una polémica adjudicación, una denuncia por presuntas irregularidades y la amenaza de Sercolu, empresa que mantiene en la actualidad el servicio, de dejar sin sus raciones de alimentos a los más de 340 usuarios por llevar 5 meses sin cobrar. Además, se está prestando sin ninguna garantía, ya que se está manteniendo a base de contratos verbales.
El objetivo de solucionar el conflicto de la ajudicación antes del 1 de septiembre no se ha cumplido y, por lo tanto, el servicio sigue prestándose a «golpe de improvisación», según mantiene Sercolu, que sigue sin cobrar las facturas pendientes y está a la espera de que el Ayuntamiento dicte un decreto al respecto. En el mismo, la firma cordobesa espera tener por escrito una prórroga hasta octubre o la adjudicación definitiva del contrato para tener garantías de poder cobrar por sus servicios.
El pliego de condiciones para la adjudicación de este programa de intervención municipal establece que la empresa adjudicataria comenzará a prestar el servicio a partir del 1 de septiembre, fecha en la cual asume sus responsabilidades hasta la finalización del mismo en 2013.
De igual modo, se establece la remuneración económica por estos servicios por anualidades, aspecto que ya no se podrá cumplir puesto que el contrato no se ha adjudicado y el dinero para sufragar el presente mes irá ahora a Sercolu. De este modo, se tendrá que modificar las condiciones para detraer la cantidad económica por los servicios que preste la empresa cordobesa y que dejará de percibir la nueva adjudicataria del servicio.
Recurso desestimado
Por otro lado, el apoderado de Sercolu, Ramón Luque, informó de que el recurso que presentó su empresa para denunciar las presuntas irregularidades en la adjudicación provisional del servicio a la firma Unión Castellana S.A. (Ucalsa), en la que Sercolu afirmaba que ésta carecía del registro sanitario de la Junta de Andalucía requerido en el pliego de condiciones, ha sido desestimada. No obstante, Luque se mostró satisfecho porque «al final nos han hecho caso y han requerido la documentación necesaria a Ucalsa antes de proceder a darle el contrato de forma definitiva».
Hay que recordar que la delegada de Gestión del Ayuntamiento, Alba Doblas, mantuvo la tesis de que primero se adjudicaba el servicio y luego se pedía la documentación a la empresa. De hecho, recordó que en la adjudicación provisional no se le requirió a ningún solicitante.
Ahora, el Consistorio tendrá que analizar si Ucalsa cumple con las condiciones para proponer en la próxima junta de gobierno local su adjudicación definitiva o, por el contrario, procede a su anulación.
Todo indica a que no se abordará en la junta de gobierno local de hoy, ya que el resultado de dicho dictamen debe ser trasladado a Ucalsa, es decir, se le ha de notificar si se le adjudica definitivamente el servicio por poseer la documentación en regla o se le deniega. En ambos casos, la empresa tendrá un plazo de 10 días para ratificar que se queda con el servicio adjudicado o para realizar las oportunas alegaciones en caso de que éste le haya sido denegado tras el examen de la documentación aportada.
Fuente: abc.es
