El Ayuntamiento no dará pasos atrás con las cuidadoras de dependencia

Después de semanas de negociación y de varios tira y afloja, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aránzazu Martín, está dispuesta a sacar dos pliegos de condiciones diferentes para concertar el servicio de atención a personas dependientes con dos empresas diferentes. El motivo: la falta de acuerdo con las 53 trabajadoras del plan concertado de ayuda a domicilio del Ayuntamiento. Martín explica que el Estado ha retirado la aportación al plan concertado de los ayuntamientos y ha apostado por unificar las ayudas en torno a la Ley de Dependencia a cuyas trabajadoras, más de 400, también subvenciona la Junta de Andalucía. La concejal entiende que lo suyo sería sacar unificar el servicio y no tener dos empresas diferentes, con condiciones laborales diferentes y una de ellas con, cada vez, menos aportaciones económicas “puesto que lo del plan concertado para la ayuda a domicilio se acaba”. Pérdida de beneficios La edil reconoce que las 53 trabajadoras del plan concertado tendrán que perder algunos de sus beneficios. Además de una rebaja en el sueldo (pasarían a cobrar 13 euros la hora en lugar de los 24 actuales), se les pide una modificación en la jornada laboral que quizá no fuera inmediata, pero sí a medio o largo plazo. Y es que, si se unifica el servicio, el medio centenar de trabajadoras de ayuda a domicilio no pueden “legalmente” entrar a formar parte de una empresa cuando el grueso del personal (más de 400 trabajadoras) tienen otras condiciones laborales inferiores. Así lo explica la concejal que ve “imposible” que el Ayuntamiento pueda subir el sueldo a más del doble a cientos de trabajadoras algo que ocurriría si éstas lo solicitan legalmente tras una unificación de servicios. La concejal de Asuntos Sociales insiste en que se trata de “perder ahora, para ganar después”. No sólo se les garantiza el trabajo, la antigüedad y una indemnización, sino que tendrían un empleo “de gran proyección en el futuro” y en el que mejorarían las condiciones laborales en cuanto haya mejores perspectivas económicas, entiende la edil. Una concejal que “se ha cansado” de la postura de las trabajadoras del plan concertado y está dispuesta a dejar los dos servicios y preparar dos pliegos de condiciones diferentes para concesionar el servicio a dos empresas. Claro que así las trabajadoras del plan concertado no asegurarían su puesto de trabajo dado que “las ayudas para este plan se están agotando”, insiste. Mediación del alcalde Por su parte, las cuidadoras del plan concertado han denunciado en una nota de prensa que la concejal “juega con los derechos y los puestos de trabajo” y piden al alcalde que intervenga a su favor. Si no iniciarán protestas, dicen. Por otra parte, frente a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Almería, hay más de 400 empleadas más que están sujetas a la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía y que piden igualdad de condiciones laborales y “más compañerismo” a las que hoy dependen del Ayuntamiento. Consideran que la situación de crisis obliga a “apretarse el cinturón”, pero confían en que mejore a corto plazo. Fuente: La Voz de Almería

El Gobierno propone que los trabajadores a tiempo parcial cobren pensión con sólo 7,5 años cotizados

                                                 Tomás Burgos

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha planteado hoy que los trabajadores a tiempo parcial puedan acceder a una pensión contributiva con una cotización mínima de 7,5 años, frente a los 15 que se exigen ahora. Pero dichas pensiones serían proporcionalmente inferiores a las correspondientes a los trabajadores a tiempo completo, y en paralelo con complementos a mínimos inferiores, para garantizar, entre otras cosas, la viabilidad del sistema.

Burgos ha presentado esta propuesta en el Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde ha explicado las actuaciones que han diseñado para dar cumplimiento a la sentencia que declaró inconstitucional la regulación de la forma de acreditar los periodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial.

La nueva propuesta

Lo que se plantea es reducir el período mínimo de cotización de tal forma que ya no será de 15 años cuando el trabajador tiene cotizaciones por jornadas a tiempo parcial.

El período mínimo de cotización exigido se ajustará al coeficiente de parcialidad que acrediten a lo largo de toda la vida laboral estos trabajadores con respecto a la de tiempo completo.

Así, si un trabajador tuviera un coeficiente de parcialidad del 50% (su jornada laboral fuera la mitad de la completa) el período mínimo de cotización que tendría que acreditar para la jubilación no serían 15 años sino 7,5 años, explica Empleo en una nota.

En cuanto al cálculo de la base reguladora, Empleo plantea el mismo que hay ahora, es decir, el promedio de las bases de cotización del interesado correspondiente a los 16 años (en 2013) inmediatamente anteriores al hecho causante.

A esta base reguladora se le aplica un tanto por ciento en función de los años cotizados que dará como resultado la cuantía de la pensión.

Se partirá del periodo mínimo de cotización del trabajador al que se le aplicará un 50% sobre su base reguladora.

A partir de ese periodo mínimo, todo el tiempo que lo supere incrementará ese porcentaje en función de la escala general de la jubilación ordinaria.

Si se implantarán estas novedades el 40 % de las personas que no podrían haber alcanzado una pensión con la anterior fórmula ahora lo podrían hacer, ha pronosticado el secretario de Estado.

Reacción a la propuesta

Para Tomás Burgos esta "necesaria proporcionalidad" podría trasladarse a los complementos a mínimos de las pensiones, de los que ha dicho que constituyen una "expresión de la solidaridad", pero que deben "guardar equilibrio" con el esfuerzo realizado y no ser una "puerta de atrás" para obtener beneficios desproporcionados.

Sobre este punto han expresado sus dudas los portavoces del PSOE, Isabel López i Chamosa, del Grupo Mixto, Olaia Fernández Dávila (BNG), y del PNV, Emilio Olabarria, quien ha precisado que la fórmula del Gobierno, en general, no es mala si se configura bien.

Como solución lógica ha definido el planteamiento global el portavoz de UPyD, Álvaro Ánchuelo, quien ha defendido que exista una cuantía diferente entre las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo.

Joan Coscubiela (en nombre del grupo parlamentario de Izquierda Plural) ha considerado que se podría avanzar en utilizar los 25 años para calcular la base reguladora, ya que supondría aplicar la fórmula de un día trabajado un día cotizado.

Carles Campuzano (CiU) ha afirmado que el acuerdo es "posible", para lo que ha pedido "mayor finura" a la solución que se dé y que se amplíe la protección social que se genere

Carolina España (PP) ha considerado que la nueva regulación no puede producir distorsiones ni discriminaciones con el resto de trabajadores.

El secretario de Estado ha precisado que está abierto al consenso con los agentes sociales y que hay "muchas posibilidades" de lograrlo.

No obstante, ha rechazado que se aplique el principio de un día trabajado a tiempo parcial compute como un día cotizado completo o que quien ha trabajado por 200-300 euros pueda esperar una pensión de 600 euros.

Fuente: eleconomista.es

La ayuda a domicilio ya funciona las 24 horas y los 365 días del año

El municipio, junto a otros 7 andaluces, participa en esta experiencia pionera de atención integral

El alcalde de Huércal de Almería, Juan José López de las Heras, inauguró en la mañana de ayer el nuevo servicio 24 horas, 365 días al año, de ayuda a domicilio, junto con el servicio de Teleasistencia Móvil. Una experiencia pionera puesta en marcha por la concesionaria del servicio en la localidad, Ineprodes, que se estrena en Huércal de Almería junto con otros siete municipios de la comunidad andaluza. 

López de las Heras visitó el domicilio de uno de los más de 80 beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio huercaleños para inaugurar la nueva prestación, consistente en una Central de Atención 24 horas, 365 días al año. Un revulsivo en la atención sociosanitaria a personas mayores y dependientes, cuya cobertura se entenderá más allá de las horas concedidas legalmente por las administraciones, con una atención permanente sin coste alguno para el usuario final y para los respectivos ayuntamientos. 

El alcalde huercaleño, acompañado por el coordinador de zona de Ineprodes, Diego Gómez, y las ediles Antonia Fernández y Sonia Fernández, han acompañado a Julia Úbeda en su primera toma de contacto con la nueva Central de Atención 24 horas. Una llamada realizada a través del propio teléfono móvil del regidor de Huércal de Almería que ha servido además para transmitir a la dirección de la concesionaria las felicitaciones de Juan José López de las Heras por esta ampliación del servicio, que considera "muy favorable para los usuarios", al tiempo que para solicitar que "se cumpla con los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio local conforme a las condiciones estipuladas en el Pliego". 

En concreto, el regidor huercaleño ha manifestado su queja por la excesiva demora que los trabajadores han padecido este mes en recibir sus correspondientes salarios, "un hecho que no se debe volver a repetir", tal y como ha comunicado en primera persona a la dirección de la concesionaria. 

Con este nuevo servicio se pretende ofrecer una atención personalizada y permanente a personas mayores y dependientes, así como a familiares o cuidadores directos, poniendo a su disposición a un equipo de profesionales para solventar cualquier incidencia, demanda, efectuar recordatorios a modo de agenda o simplemente tener una conversación como apoyo psicosocial para combatir situaciones de soledad y aislamiento.

Fuente: elalmeria.es

El Ayuntamiento ofrecerá la ayuda a domicilio a 400 nuevos usuarios

La empresa amplía servicios y establece un teléfono gratuito de atención durante todos los días del año

En los próximos meses 400 nuevos usuarios se podrán beneficiar del servicio municipal de ayuda a domicilio. El Ayuntamiento de Granada ha renovado el contrato con Clece, la empresa que lo gestiona, de tal forma que se puedan incorporar 400 nuevos personas a las que ya atiende. Todo ello con un convenio de tres años de duración con prórroga. 

El concejal de Bienestar Social y Familia, Fernando Egea anunció que además "vamos a contar con novedades como consecuencia de este nuevo contrato". Por ejemplo, se han reducido los tiempos de inicio de los servicios a 48 horas y en los casos de extrema urgencia a 12 (servicio que antes tardaba en torno a una semana). También se ha previsto un protocolo de formación con el personal "que deberá tener la cualificación necesaria para cada servicio". Empleados que se verán reforzados con un responsable de calidad, un enfermero, un fisioterapeuta, un psicólogo, entre otros. Asimismo se "creará una unidad específica para mayores con problemas de salud mental" y un Observatorio sobre Salud Mental en el SAD. 

Otra novedad, sobre todo después de la reciente desaparición del servicio de Teleasistencia es la creación de un número 900 para atender a los usuarios de ayuda a domicilio. Un teléfono gratuito en el que se "atenderá las 24 horas del día los 365 días al año" a personas beneficiarias de la ayuda a domicilio. El contrato también incluye la adquisición de ayudas técnicas "por valor de 15.000 euros", para adquirir grúas para movilizaciones, bastones o muletas. También se va a realizar una limpieza íntegra de viviendas y servicios de lavandería o peluquería. 

Según explicó Egea, en la actualidad se atiende a través del SAD a 3.103 personas. De éstas, 1.213 se corresponden con el servicio municipal y las 1.890 restantes con la Ley de Dependencia. Sin embargo, Egea mostró su preocupación pues "la dependencia está absolutamente paralizada desde hace un año y la ayuda a domicilio vía dependencia está paralizada", por tanto no se dictan resoluciones pero al Ayuntamiento llegan necesidades y "tenemos que atender a esos mayores". Motivo por el cual, mostró su satisfacción con la incorporación de estos nuevos 400 usuarios.

Fuente: granadahoy.com

El Gobierno estudia cambios en la pensión de los trabajadores a tiempo parcial

El ministerio español de Empleo y Seguridad Social ha anunciado hoy que estudiará soluciones alternativas para el cálculo de la jubilación de trabajadores a tiempo parcial tras dos sentencias emitidas por la justicia europea y por el Tribunal Constitucional español contrarias a la legislación actual.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia en la que declara "inconstitucional y nulo" el sistema con el que se calculan los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial cuando se solicita el cobro de una pensión contributiva.

Este método de cómputo, vigente en la Ley General de Seguridad Social desde 1998, ya fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de noviembre, cuando dictó una sentencia en la que calificaba de discriminatorio el trato que daba la legislación española a los trabajadores a tiempo parcial respecto a los contratados a tiempo completo.

El TC ha hecho suya la interpretación de la justicia europea y considera que la regla de cálculo contenida en la normativa española "lesiona" el derecho a la igualdad (artículo 14 de la Constitución española) y es "discriminatoria" por razón de sexo, ya que la mayor parte de los trabajadores a tiempo parcial en España son mujeres.

El departamento de Fátima Báñez ha indicado en un comunicado que abordará la cuestión con los agentes sociales y los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo "debido a las importantes repercusiones que para la Seguridad Social española tiene el fallo".

"El Gobierno trabajará en la línea de evitar que se produzca inseguridad jurídica para los ciudadanos que pudiesen verse afectados", dijo el ministerio en un comunicado sobre la laguna jurídica que abría la sentencia.

El origen

El Alto Tribunal ha dictado esta sentencia a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, derivada a su vez del caso de una trabajadora, M.S.N, a la que le fue denegada una pensión contributiva de jubilación por no haber reunido el periodo mínimo de cotización de 15 años exigido para ello.

La mujer tenía acreditados 18 años de cotización, once de ellos en jornada a tiempo parcial, pero insuficientes para cumplir los requisitos. Un caso parecido, el de una trabajadora de la limpieza que había cotizado 18 años a tiempo parcial, fue el que llevó a la justicia europea a dictaminar que la normativa española era discriminatoria.

Para determinar el periodo cotizado a fin de causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, la norma dice que se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia "en días teóricos de cotización".

Para ello, prosigue la ley, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de 1.826 horas anuales.

Además, para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización obtenidos se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización, sin que pueda computarse un número de días cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo completo.

Estas reglas para determinar los periodos de cotización vienen recogidas en la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social. Durante unos años, de 1994 a 1998, la redacción dada a este artículo era distinta y ya el TC, en una sentencia de diciembre de 2004, se opuso en su momento a la regulación antigua al entender que el trato que se dispensaba a los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo no era igualitario.

Aunque la redacción se cambió, ahora el TC, en una sentencia fechada el pasado 14 de marzo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cree que estas reglas de cálculo "no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir".

La diferencia persiste

Para el TC, la norma sigue manteniendo una diferencia de trato en el cómputo de los períodos cotizados entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial, que no está justificado por las exigencias de contributividad del sistema, tal y como ya afirmó en su sentencia de diciembre de 2004.

"Es más, la aplicación de la primera regla puede incluso resultar potencialmente más perjudicial para los trabajadores a tiempo parcial que el criterio establecido en la regulación precedente", explica el TC, pues en virtud de ella la comparación entre un trabajador a tiempo completo cuya jornada laboral sea inferior a la máxima legal y un trabajador a tiempo parcial de su misma empresa o sector de actividad "permitirá apreciar una diferencia de trato, que actúa en perjuicio de este último".

En cuanto a la segunda regla, la que establece el coeficiente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos de cotización obtenidos conforme a la regla anterior, el TC señala que su virtualidad como elemento de corrección es "limitada".

"Cuando el trabajo a tiempo parcial no sea un episodio más o menos excepcional en la vida laboral del trabajador y cuando la jornada habitual del mismo no resulte muy elevada, la aplicación del criterio de proporcionalidad seguirá, a pesar de la regla correctora, constituyendo un obstáculo desproporcionado para su acceso a la pensión de jubilación", subraya el Tribunal.

Para el TC, este aspecto de la normativa dificulta el acceso mismo a la prestación, al exigir un mayor número de días trabajados para acreditar el periodo de carencia requerido en cada caso. En su opinión, esto resulta "especialmente gravoso o desmedido" en el caso de trabajadores que en muchos periodos de su vida laboral han estado trabajando a tiempo parcial y que solicitan prestaciones que exigen períodos de cotización elevados.

Fuente: eleconomista.es

Desconvocados los paros de ayuda a domicilio tras alcanzar un principio de acuerdo en el Sercla

CCOO señala que la empresa concesionaria se ha comprometido a pagar los atrasos salariales a las 700 empleadas eventuales y a estudiar la renovación de los contratos temporales.

Los paros anunciados por los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio para los días 5, 6, 18 y 19 de abril han quedado finalmente desconvocados después de que la plantilla, CCOO y la empresa concesionaria del servicio Clece hayan alcanzado un acuerdo dentro del Sistema Extrajudicial de Resolución de conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). 

En una nota, CCOO-Sevilla informa de que este acuerdo supone que la empresa "reconoce" la aplicación del convenio provincial de ayuda a domicilio para todas las trabajadoras, lo que asegura se traducirá en el caso de las 700 eventuales en "el pago de los atrasos salariales desde el 16 de febrero, fecha de incorporación de la empresa Clece, al 31 de marzo".  Así, señala que estos pagos se harán efectivos en la nómina de abril y supondrán unos 300 euros para cada trabajadora eventual a tiempo completo. Igualmente, indica que se constituirá una comisión para estudiar la puesta en marcha de un plan de formación. 

Con respecto a las trabajadoras eventuales pendientes de renovación, explica que la empresa y el sindicato han acordado constituir una comisión, que se reunirá por primera vez el próximo día 9 de abril, para estudiar cómo renovar estos contratos, así como la posible conversión de algunos de ellos en indefinidos.   

Fuente: diariodesevilla

Los servicios de ayuda a domicilio de Sevilla convocan huelga a partir de abril

Las trabajadoras firmaron un documento por el que cambiaban al convenio nacional, con lo que perdían hasta 200 euros al mes

El sindicato CCOO de Sevilla ha anunciado que las casi 2.000 trabajadoras de la empresa concesionaria de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Sevilla, Clece, han aprobado en asamblea laconvocatoria de dos jornadas completas de huelga y paros parciales, en protesta por lo que consideran «abusos e incumplimientos» de la nueva empresa adjudicataria del servicio, «a quien además se le adjudicó el servicio con una gran rebaja sobre el precio fijado por el Ayuntamiento de Sevilla».

En una nota, asegura que existe un «incumplimiento» de los acuerdos con los representantes sindicales, por lo que se realizaránparos parciales de tres horas los días 5 y 6 de abril y huelga de 24 horas los días 19 y 20 del mismo mes. Afirma que la empresa «trató de imponer» a las trabajadoras como condición para su subrogación lafirma de un documento «renunciando a su convenio provincial y acogiéndose al convenio estatal, lo que implica una merma de hasta 200 euros al mes de salario».

Sin embargo, «el comité de empresa consiguió que la empresa desistiera de esta pretensión, aunque en la primera nómina las trabajadorashan visto como en su salario se les ha aplicado el convenio estatal», añade. Igualmente, señala que la empresa está «obligando» a las trabajadoras eventuales que han de renovar ahora sus contratos a «firmar la renuncia a su convenio provincial», mientras que «se ha negado a subrogar a 15 coordinadores con contrato fijo, a pesar de estar obligada por ley». El comité de empresa ha señalado también que las horas destinadas a formación que debe ofrecer la empresa, un total de 52 horas anuales, «no se están aplicando para tal fin, sino que la empresa está obligando a que se destinen a horas de trabajo».

«Incumple el convenio colectivo, reduce la plantilla e impone a sus trabajadoras jornadas abusivas, aumentando sus beneficios a costa de reducir salarios y derechos de sus trabajadoras, mientras presiona en las negociaciones del convenio provincial para hacer desaparecer las mejoras incluidas en ese convenio con respecto al convenio estatal», agrega, afirmando que esto se lleva a cabo ante la «inhibición» del Ayuntamiento de Sevilla, «cuya responsable de Bienestar Social ha sido informada puntualmente por el comité de empresa y los sindicatos de esta situación, sin que se haya dado ningún paso para obligar a la empresa a corregir sus actuaciones abusivas».

La ayuda a domicilio, competencia de la Junta

ABCSEVILLA

La Delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco, ha querido aclarar respecto al servicio de ayuda a domicilio, con independencia de los impagos, que "ya denunciados en donde corresponde, el servicio se está prestando con toda normalidad en toda la ciudad de Sevilla, con independencia del barrio o distrito en el que se resida", toda vez que la plantilla de este servicio financiado por la Junta y prestado por el Ayuntamiento ha convocado una huelga a cuenta de las rebajas salariales y despidos que promueve Clece como empresa concesionaria de estos trabajos.

Asimismo y en lo que se refiere a las políticas de género, la delegada ha indicado que "hay que recordar que esta materia es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, salvo en materia de violencia de género. El Ayuntamiento de Sevilla, presta, actualmente, a través de los 6 Puntos de Información a la Mujer (P.I.M.), ubicados en los antiguos 6 distritos de Sevilla (Casco antiguo, Triana-Los Remedios, Nervión, Macarena, Sur y Este), un servicio de información, asesoramiento y apoyo a todas las mujeres de Sevilla, sobre todo a aquellas que padecen la violencia de género".

Fuente: abcdesevilla.es

La Junta ha pagado esta semana 40,3 millones a ayuntamientos, empresas y asociaciones

La delegada del Gobierno, María José Sánchez, ha anunciado que la Junta ha comenzado a pagar deudas pendientes con ayuntamientos, empresas y asociaciones y, en concreto, esta semana ha hecho efectivo el pago de más de 40,3 millones de euros destinados principalmente a ayuda a domicilio, escuelas infantiles y mantenimiento de servicios públicos.

“Somos conscientes que los retrasos en los pagos están ocasionando perjuicios pero la Junta está haciendo un gran esfuerzo por mantener los servicios públicos y los pilares del Estado del Bienestar y lo hacemos con bastante soledad, intentando amortiguar las consecuencias de las políticas presupuestarias del Gobierno de España que están poniendo en riesgo todo lo que hemos conseguido”, precisó.

La Junta ha pagado esta semana un total de 10,3 millones para Dependencia; en concreto 7,1 millones a Diputación para que atienda la ayuda a domicilio de los municipios menores de 20.000 habitantes, más de 2,2 millones al Ayuntamiento de la capital y más de un millón de euros a los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes. “La Junta ha abonado este año 20 millones de euros a Diputación para dependencia y está al día en los pagos”, precisó la delegada, y “sería más beneficioso para los granadinos que las reclamaciones las hicieran al Gobierno central para que no recorten este derecho”

Fuente: ideal.es

Dependientes, personas mayores y personas con discapacidad pagarán más y recibirán menos prestaciones

UGT manifiesta que, de nuevo, todos los programas de servicios sociales sufren recortes, destacando el programa de servicios sociales generales, donde la mayor reducción se encuentra en el relativo al envejecimiento activo y prevención a la dependencia (que promueve servicios residenciales, teleasistencia y ayuda a domicilio, turismo y termalismo social). Pese al aparente incremento presupuestario, en la partida consignada por el Imserso en los presupuestos para el año 2013, lo cierto es que disminuye en un 6,7% respecto al año anterior.

Pese al aparente incremento presupuestario, en la partida consignada por el Imserso en los presupuestos para el año 2013, lo cierto es que los beneficiarios de los servicios sociales, nuestros dependientes, nuestros mayores y nuestras personas con discapacidad, van a ver cómo, en términos absolutos, el presupuesto consignado disminuye en un 6,7% respecto al año anterior.

No obstante las cifras globales presentan un incremento ficticio puesto que se consignan en las partidas como incremento del gasto las cifras de 1.034 millones de euros destinados a pagar la deuda arrastrada en seguridad social del pago de las cuotas de los cuidadores no profesional de los años anteriores o los 490 millones de euros para pensiones no contributivas que, en ningún caso, va a significar el incremento para los beneficiarios puesto que esta cantidad pretende consignar la insuficiencia presupuestaria de otros años.

UGT manifiesta que, de nuevo, todos los programas de servicios sociales sufren recortes, destacando el programa de servicios sociales generales, donde la mayor reducción se encuentra en el relativo al envejecimiento activo y prevención a la dependencia (que promueve servicios residenciales, teleasistencia y ayuda a domicilio, turismo y termalismo social). Así si tomamos en cuenta el programa de turismo social, se produce una reducción del 9% del presupuesto respecto al año 2012 y una disminución de beneficiarios de más de 188 mil, con un incremento del copago que podría oscilar en más del 10% para los usuarios. En definitiva, este programa en menos de un año desde los presupuestos para 2012 se ha visto reducido en casi un 34% respecto al gasto presupuestado, lo que inevitablemente va a suponer una importante rebaja en cuanto al empleo que genera. Además, partidas como la teleasistencia desaparece en su totalidad pasando de 32 millones de euros para el 2011 a cero.

Para el ejercicio 2013, vemos como, una vez más, la cuantía presupuestada en el sistema de la dependencia, para el nivel conveniado entre el Estado y las Comunidades Autónomas es inexistente. Asistimos a cómo mediante la vía presupuestaria, el Estado elimina el sistema de financiación marcado en la ley de Dependencia, reduciendo de nuevo drásticamente el presupuesto final para los beneficiarios. El nivel mínimo de protección del Estado se reduce, de nuevo, en 200 millones de euros, pasando de 1.287.179 para el ejercicio 2012 a 1.087.179 para 2013. Con esta reducción, el presupuesto es claramente insuficiente para atender a las personas que se encuentran en el sistema para la dependencia y que solo se entiende si vemos el recorte a la ley sufrido con la última reforma en la que prácticamente se paraliza la aplicación de la misma, se reducen las cuantías a percibir por los beneficiarios, se reducen las intensidades de la protección y se incrementa el copago del beneficiario. En definitiva, nuestros dependientes, pagaran más, recibirán menos prestaciones y serán atendidos un número de horas dudosas para recibir una protección integral.

Fuente: ugt.es

La Dependencia pierde beneficiarios, prestaciones y solicitudes

El Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (SAAD) ha perdido por primera vez, en mayor o menor medida, beneficiarios, prestaciones y solicitudes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, que recoge Europa Press.

   Así, con fecha 1 de septiembre, la estadística refleja que el número de dependientes con prestaciones se ha reducido en un mes en 4.814 casos, los dictámenes en 7.953 y las prestaciones en 6.814. Además, hay 4.459 grandes dependientes y 2.298 graves dependientes menos que en los dictámenes del mes anterior.

   Desde que se empezara a aplicar la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia en 2006, nunca se había registrado un descenso generalizado la mayoría de los indicadores estadísticos del sistema.

   "Es obvio que el SAAD se destruye por inanición", indica la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, que ha analizado los nuevos datos, y ha advertido de que seis de las 17 comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, presentan resultados negativos con respecto al mes anterior.

   Sólo Extremadura y Galicia tienen más beneficiarios y, por el contrario, la Comunidad de Castilla y León, que ha sido "modélica" en el desarrollo de la ley, ha perdido 853 dependientes durante el mes de agosto. Aragón, por su parte, retrocede a datos de 2010.

   Al hilo de estos datos, la Asociación de Directores y Gerentes explica que "seguramente, lo que ha ocurrido es que estos beneficiarios han fallecido. Denuncia que "ni siquiera" se ha destinado el ahorro que eso supone para dar una prestación o servicio a una de las 239.097 personas a las que se les ha reconocido el derecho pero no se les ha dado nada.

   Así, advierte de que se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, es decir sólo se atiende a los que están en el sistema, "recortando las prestaciones, reduciendo horas de servicio, y aumentando el copago", pero a los que están en la lista de espera "no se les garantiza el derecho".

   Por último, Directores y Gerentes destaca el impacto sobre el empleo de estos indicadores, que se traduce en una pérdida de cerca de 1.000 puestos de trabajo este mes, en el que ya se ha aplicado la reducción de un 15 por ciento de la prestación de cuidadores familiares y se ha dejado de cotizar en el convenio especial de la seguridad social por las 177.348 cuidadores familiares, de los que el 93 por ciento son mujeres.

DESCENSO "POR LA VÍA DE LA MUERTE"

   Por su parte, el presidente de la Federación de Empresas de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que las administraciones están "amortizando plazas", es decir, que no cubren las vacantes tras el fallecimiento de los usuarios. "La forma de no cubrir la plaza a la que se han comprometido es dejar de valorar a nuevos dependientes", ha señalado.

   El presidente de la FED afirma que el descenso de datos no se debe a que haya menos necesidad, sino a que la Administración "se está apeando de su obligación". "Están descendiendo los datos por la vía de la muerte: no te valoro, no te doy el servicio y, al que fallece, no lo cubro", ha alertado, para concluir que "es la muerte dulce".

Fuente: europapress.es

Según el PSOE el PP de Alhama prefiere pagar indemnizaciones por despido antes que generar puestos de trabajo

Tras la denuncia realizada por la UGT la pasada semana al respecto, también se produjo una pregunta en el pasado pleno del 20 de septiembre por parte del grupo socialista, ante la polémica generada por este extinto servicio público.

La pregunta que hizo Sonia Jiménez, del PSOE,  en el pasado pleno fue la siguiente:

“¿Cómo es posible que el actual equipo de gobierno que desde que empezó a gobernar en Alhama lo primero que hizo fue despedir a personal y no hacer contratos nuevos aludiendo que no hay dinero en las arcas municipales, pero resulta que a finales de agosto despidió a 8 Auxiliares de Ayuda a Domicilio teniéndoles que pagar 28.831,82 Euros en concepto de indemnizaciones y 4.439,79 Euros por vacaciones, sabiendo que esos puestos de trabajo son totalmente necesarios y siguen desempeñándose en Alhama, para eso si hay dinero?. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que ese dinero que el equipo de gobierno del Partido Popular ha gastado en indemnizaciones, se tenía que haber destinado a crear empleo y no a destruirlo como están haciendo”.

 Por parte del gobierno local, el concejal de Hacienda, Jesús Ubiña le respondió; “que ese dinero se había gastado porque es un derecho que le correspondía a las trabajadoras”.

 Replicando Sonia; “que si no las hubiesen despedido, no habrían tenido que indemnizarlas y que el Servicio de Ayuda a Domicilio se ha prestado siempre con calidad en el servicio, respetando los derechos laborales de las trabajadoras y en los últimos años con superávit económico y que el capricho del Partido Popular de adjudicar este Servicio (pilar básico del Estado de Bienestar) a una empresa privada le iba a costar muy caro a todos los alhameños".

 Por su parte el PSOE ha hecho pública una nota enviada a los medios, publicada en su web,psoe.alhama.com, y en las redes sociales en los siguientes términos.

	El PP de Alhama prefiere pagar indemnizaciones por despido antes que generar puestos de trabajo  El Equipo de Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Alhama de Granada, privatiza el Servicio de Ayuda a Domicilio con el único objetivo de despedir a una decena de trabajadoras, siendo este servicio sostenible y sin coste para las arcas municipales, así el Ayuntamiento deja el posible beneficio a una empresa privada, viéndose las trabajadoras perjudicadas en sus derechos laborales, con sueldos más bajos y una protección laboral paupérrima. El servicio ha sido asignado a una empresa privada que mantiene el  mismo número de trabajadoras que había en el Ayuntamiento, pero la mayoría son nuevas contrataciones y todas con una duración temporal. Dejando de lado a trabajadoras con más de diez años de experiencia en la Ayuda a Domicilio municipal y que por caprichos políticos se han visto despedidas.  Este despido ha supuesto para los alhameños, la cantidad de 28.831,82 Euros y 4.439,79 Euros por vacaciones. Dinero que es público y que por tanto pagamos todos los alhameños/as. Sin que suponga esto ahorro, ya que la prestación de la ayuda a domicilio no le cuesta nada a los alhameños y viene subvencionado por Diputación de Granada y Junta de Andalucía.  Esa cantidad podrá ser muy superior porque las auxiliares despedidas van a recurrir a los Tribunales para seguir luchando por los derechos que les corresponde y que el PP de Alhama les ha quitado de un plumazo. Con ese dinero público el PSOE de Alhama quiere denunciar que se podían haber creado muchos puestos de trabajo.  Desde que el PP de Alhama comenzó a gobernar, su lema es que no hay dinero ni para contratar ni para desarrollar actividades y programas. De hecho en un año y tres meses no han hecho nada nuevo para Alhama, sin embargo nos planteamos ¿para pagar indemnizaciones por despido sí hay dinero? ¿Por qué no dedican ese dinero a crear nuevos trabajos para los parados?  Está más que demostrado que hay dinero para lo que el PP de Alhama le interesa y para lo que implique desarrollo y actividad dicen que no hay dinero; pero ya no pueden seguir con ese engaño porque las evidencias son claras.  El PSOE de Alhama está a favor de que se respeten los derechos de todos los trabajadores/as y que en los tiempos de crisis que vivimos, el Ayuntamiento genere empleo para ayudar a incentivar la economía local y no destruya puestos de trabajo como está haciendo el Partido Popular desde que comenzó a gobernar en Alhama el 10 de junio de 2011.

Fuente: alhama.com

Una cita que no llega

El vicepresidente de Diputación Provincial, Javier Aureliano García, dio un toque de atención al delegado de Salud y Bienestar Social, Alfredo Valdivia, "porque hace tres semanas que le pedimos la cita y no tenemos respuesta. No me queda otra que hacerlo público para que atienda a la Diputación de Almería en sus reivindicaciones" en las deudas sociales que denunció ayer. 

García critica el comportamiento de Valdivia ante este asunto: "Hace tres semanas no teníamos delegados, y cuando se nombraron, pedimos cita porque estamos preocupados y el señor delegado no nos ha dado cita. Con una deuda de ocho millones de euros era para que tuviera a la Diputación en su agenda de forma prioritaria, y máxime cuando es un servicio que tendría que prestar la Junta y lo está haciendo la Diputación de Almería, una deferencia a esta casa tendría que tener. Ha sido alcalde de un municipio de la provincia y sabe la prioridad de los Ayuntamientos para pagar los costes de la Ley de Dependencia". 

El vicepresidente asegura que no van a romper relaciones "porque tenemos la responsabilidad de trabajar por el bienestar de todos los almerienses. Tenemos que hacer una reflexión en voz alta porque no nos han atendido en persona". 

Aprobaron ayer en Junta de Gobierno la distribución a 12 ayuntamientos de ayudas económicas que va a afectar a 54 familias, con un importe de 33.565 euros. Además de la distribución económica a 12 ayuntamientos de los servicios de ayuda a domicilio del Plan Concertado que afecta a 31 familias a 45.479 euros. 

García se puso firme y exigió a la Junta que "la deuda que tiene contraída con la Diputación en temas sociales nos gustaría que fuese subsanada. La Junta no está pagando y la deuda es de ocho millones de euros". 

El vicepresidente desgranó parte de la deuda: "Los equipos de tratamiento familiar, que se dedican a trabajar con menores, cuentan con quince trabajadores que están desempeñando estas labores. Se firmó 483.000 euros en septiembre del año pasado y va a llegar este septiembre y no hemos recibido ni un solo euro. Las familias se quedarían sin la atención necesaria". 

García recordó que también firmó "un programa de refuerzo a la Ley de Dependencia que la Junta se comprometió con esta casa con 829.000 euros, que cumple el 30 de diciembre y que no hemos recibido ni un solo euro. Lo estamos asumiendo con fondos propios". 

El vicepresidente afirmó que "la Diputación está haciendo de banco de la Junta de Andalucía y que en dependencia nos deben 900.000 euros". 

También denunció que se firmó "un convenio para reforzar temas de inmigración en la provincia de Almería que cumple a mediados de octubre, son 66.000 euros y no tenemos noticias de la Junta. Este acuerdo lo redujo la Junta un tercio el año pasado". 

García asegura que no hay excusas para los pagos porque "las transferencias del Gobierno central a a la Junta están hechas. Pedimos que no asfixie más a los ayuntamientos y a la Diputación, que no tiene competencia y hemos firmado convenios desde la lealtad". 

El vicepresidente recalcó que la Junta de Andalucía le debe a Diputación un total de 23 millones de euros por diversas materias.

Fuente: elalmeria.es

El Ayuntamiento capea la crisis y no recortará en ayudas a los mayores

La concejala de Asuntos Sociales hizo público un proyecto que tiene como objetivo la integración y participación plena de este sector de la población en la vida social

La acuciada crisis que atraviesa el país no es impedimento para que el Ayuntamiento de Almería mantenga las ayudas a las personas mayores del municipio. Así lo ha confirmado la concejala de Asuntos Sociales, Aránzazu Martín. La edil recuerda que este año ya han atendido a casi 2.000 personas gracias, entre otras cosas, a sus planes de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. 

Acompañada por Antonio Gutiérrez, José López y Francisco Alonso, presidentes de las asociaciones de mayores Gran Sol, Mediterráneo-Oliveros y El Puente, respectivamente, comentó que este sector de la población "no necesita solo actuaciones aisladas, sino que siempre hemos creído conveniente dar una respuesta global y sistematizada para todos ellos". 

Este III Plan de Mayores se estructura en tres áreas de actuación. La primera de ellas es la de Investigación, Formación y Sensibilización social sobre el fenómeno del envejecimiento, en la que el punto más destacado es el estudio que el Ayuntamiento realizará junto con la Universidad para provocar el retraso de enfermedades como el alzheimer. 

La segunda área en la que está estructurada este Plan de Mayores es la de Información y Participación de este colectivo en la vida social, a través del impulso de los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento. La concejala ha destacado el fomento de la participación: "Son los propios mayores los que destinan recursos al Ayuntamiento haciendo posible que nosotros podamos desarrollar las distintas políticas de este plan". Además, los jubilados y mayores de 65 años seguirán disponiendo de transporte público gratuito. 

La última área es la de Atención en el Medio Familiar y Comunitario, impulsándose la Ayuda a Domicilio, en colaboración con la Junta de Andalucía, así como los servicios de Teleasistencia.

Fuente: elalmeria.es

Andalucía recibirá 89 millones de euros menos para financiar el sistema de atención de las personas dependientes

Andalucía recibirá 89 millones de euros menos en 2012 para financiar el sistema de atención de las personas dependientes, tal y como se desprende de la lectura del Real Decreto Ley 20/2012 de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que se publicó el sábado, 13 de julio, en el Boletín Oficial del Estado. Así, en el redactado de esta norma aparece una reducción de la aportación que hace el Estado al denominado Nivel Mínimo en más de un 13%, con lo que Andalucía dejaría de recibir 18,5 millones de euros, que se suman a los 70,7 que se eliminaron con los Presupuestos Generales del Estado el pasado mes de marzo. La cifra estimada para 2013 asciende a 125 millones de euros menos de financiación para la comunidad autónoma.

El denominado nivel mínimo de protección es el dinero que reciben las comunidades por cada dependiente en función de su gravedad. En concreto, la aportación del Estado por un gran dependiente de Grado III nivel 2 disminuye a partir del 1 de agosto de 266,57 euros a 231,28 euros y por uno de Grado III nivel 1, baja de 181,26 euros a 157,26 euros. En cuanto a los dependientes severos, el Grado II nivel 2 recibirá del Estado 89,38 euros cuando hasta ahora percibía 103,02 euros y el Grado II nivel 1 cobrará 52,06 euros con respecto a 70,70 euros.

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha denunciado que la reducción de la aportación del Gobierno Central a la financiación de la atención a las personas dependientes "no supone un ahorro sino que hace recaer en el resto de los actores un esfuerzo adicional". La titular de Salud ha explicado que "los beneficiarios son los mismos, los derechos de las personas están reconocidos, las personas están en el sistema, reciben prestaciones, con un modelo que se había convenido entre todos para dar la mejor atención a este colectivo".

Esta reducción se recrudecerá cuando entre en vigor la nueva calificación que elimina los niveles para aquellas personas que no se han incorporado aún al sistema. En este caso, se mantienen sólo los grados, llegando la reducción de la aportación estatal a un 30% más. En este momento, el Grado III recibirá 177,86, el Grado II 82,84 y el Grado I 44,33 euros. Esta nueva situación, ha dicho Montero, es sólo sostenible si los prestadores de servicio asumen estos descuentos, ya que la otra opción es "dejar de dar prestaciones a las personas que tienen el derecho reconocido; algo a lo que no queremos llegar".

Decisión unilateral

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado que la Junta de Andalucía estudiará emprender acciones legales frente al Real Decreto-Ley 20/2012 que incluye nuevos recortes en la financiación de la Ley de Dependencia. Estas nuevas medidas se han tomado, ha dicho Montero, "con nocturnidad y alevosía", ya que el Gobierno Central las ocultó en la última reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y las comunidades autónomas las han conocido a través de la "letra pequeña" del Boletín Oficial del Estado.

La consejera ha manifestado que fue en el BOE del sábado 14 de junio "cuando por fin se pudo dar lectura a la letra pequeña, pequeña y escondida adrede" de los temas que se deberían haber abordado en el Consejo Territorial de la Dependencia, que se celebró el martes 10, y donde se habló de algunos recortes que "ya dijimos que no compartíamos pero que en ningún caso eran tan demoledores como los que nos encontramos después".

Andalucía llevará al contencioso administrativo esta medida con el objetivo de que la "considere improcedente", ha asegurado Montero, puesto que la Ley de Dependencia establece que la modificación del nivel mínimo no puede hacerse unilateralmente, sino que el Gobierno Central debe contar con todas las comunidades autónomas.

Fuente: juntadeandalucia.es